“Incrementar las atribuciones de las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad pública mantendrá los elevados niveles de violencia e impunidad, la falta de capacidad de las policías y violaciones graves a los derechos humanos”, argumentó la investigación Seguridad Interior: Elementos para el Debate, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez, la cual se expuso durante la discusión que lleva a cabo el Congreso sobre las facultades de militares y marinos en el combate a la delincuencia.
“Incrementar las atribuciones de las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad significa dar sustento legal acciones que, de facto, ya suceden todos los días en el territorio nacional”, indica.
“Pero esta opción mantendría los problemas que ahora nos aquejan como elevados niveles de violencia e impunidad, falta de capacidades por parte de los policías y autoridades civiles, poca o nula información para la toma de decisiones, ocurrencia de lesiones graves a derechos humanos”, versa el documento.
Que también señala que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior que hoy se debaten no necesariamente resuelven la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las fuerzas castrenses en acciones que corresponden a las autoridades civiles.
“(Las iniciativas) parecen expandir sus facultades en temas de seguridad pública, estados de excepción, protección civil y salubridad general”, señala. También se afirma que los conceptos contemplados en las iniciativas, sobre afectaciones y amenazas a la seguridad interior, resultan ambiguos, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad.
El estudio advierte que es necesario imponer controles estrictos, amplias medidas de supervisión y evaluación públicas a los operativos realizados por las Fuerzas Armadas.
Cabe señalar que los vicecoordinadores en la Cámara de Diputados acordaron posponer la discusión y dictaminación en comisiones de la Ley de Seguridad Interior. Así lo aseguró el vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Jesús Zambrano, luego de la reunión la Junta de Coordinación Política.
La decisión se anunció tras la denuncia del coordinador del PRD en la Cámara baja, Francisco Martínez Neri, sobre la amenaza de una madruguete para que la Comisión de Gobernación sesionara este mismo martes para sacar adelante el dictamen.
