Por: Natalia Antezana Bosques
Los organismos que conforman el frente Serranos Unidos en Resistencia Indígena demandan la cancelación de los permisos, otorgados de manera ilegal por el gobierno federal a empresas mineras e hidroeléctricas en Puebla.
Raymundo García López, representante de la asociación Causa Indígena, una de las organizaciones que conforman el frente, explicó que son permisos ilegales según acuerdos internacionales, ya que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, especifica que los pueblos originarios tienen derecho a que se les consulte con respecto a su territorio.
De la misma manera, especificó que el primer paso a lograr es que el gobierno federal respete el acuerdo firmado, mediante el cual debe garantizar la libre determinación de los pueblos. Para otorgar algún permiso, en primer lugar, deben consultar a las comunidades indígenas, y sólo si éstas lo aprueban, dar las concesiones a las empresas. Asimismo, el posicionamiento oficial del frente pide el diseño de un programa regional, “Sierra Norte de Puebla, todos los Pueblos, todos sus Derechos”, en el cual se etiqueten recursos para impulsar proyectos comunales.
También denunciaron el condicionamiento de ayudas de programas sociales a cambio de ceder las tierras. Este hecho se ha manifestado en la comunidad de Olintla, donde autoridades han pedido escrituras de las tierras de los comuneros a cambio de apoyos del programa Oportunidades. Además de los condicionamientos ilegales, también se presentan amenazas e intimidaciones, tanto del gobierno local como de trabajadores de las empresas. Los habitantes expresaron su gran preocupación con la entrada del Ejército y las expropiaciones forzadas de sus terrenos.
Otro caso de preocupación es el de San Juan Tahitic, comunidad perteneciente a Zacapoaxtla, donde una empresa ofreció infraestructura, como centros de salud, capillas, entre otras, a cambio de que se les dejara continuar con la construcción de su proyecto, a pesar de que es responsabilidad del gobierno llevar a cabo obras en beneficio de la comunidad.
