“Informar para influir”: el cabildeo, la corrupción institucionalizada

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(17 de septiembre, 2013).- Esta mañana, José Antonio Quesada Palacios, socio de la empresa Pricewaterhouse Coopers (PwC) señaló en entrevista con Carmen Aristegui que los datos difundidos a través del periódico El Universal, en donde presuntamente la empresa cobra por cabildeo en el país, existe, pero contiene imprecisiones.

El diario mexicano señaló el día lunes la existencia del documento “Lobbying and Institutional Relations September 2013” firmado por la empresa, en el cual –según El Universal– por cada artículo constitucional que los cabilderos  logren modificar de la Reforma Hacendaria, cobrará un millón de dólares más IVA, además de cobrar 70 mil dólares más IVA por cada entrevista que realice con cualquier legislador, y cinco mil dólares más IVA por cada hora invertida en el análisis.

“Nos regimos por el código de ética de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo (PROCAB)”, mencionó Quesada Palacios, quien precisó que los servicios que llevan a cabo constan de otorgar a legisladores, empresas públicas o a cualquier cliente una serie de estudios y evaluaciones de impacto económico de las reformas legislativas que se quieran llevar a cabo.

Quesada señaló que los precios de estos estudios –a diferencia de lo que menciona el diario El Universal– no son estimados en un millón de dólares, éstos pueden corresponder al millón de pesos o a 75 mil, llega a variar, señaló el empresario, ya que “no sólo se hace el impacto económico en México, sino que se ve qué prácticas similares se hacen a nivel mundial”.

 “El cabildeo es informar para influir”, apuntó el empresario que no negó la existencia del documento, sin embargo, aclaró que se trata sólo de un “borrador de discusión”, con el cual Pricewaterhouse negocia con empresas, colegios, asociaciones y grupos de interés los estudios a realizarse.

El socio de PwC indicó que, en la medida en la que se puedan regular las actividades de cabildeo en el país, resultará benéfico para las negociaciones nacionales al saber cuántos grupos están inmiscuidos en los procesos legislativos.

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