La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó nuevos resultados en las acciones para combatir la corrupción dentro del servicio público, al lograr la vinculación a proceso de dos exservidores públicos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, además de obtener inhabilitaciones de hasta 20 años contra funcionarios sancionados por faltas administrativas graves.
Las investigaciones revelaron incrementos patrimoniales injustificables por más de 13.7 millones de pesos, mientras que otros dos servidores públicos fueron sancionados por abuso de funciones y actos relacionados con la asignación de recursos financieros, resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Vinculan a proceso a exfuncionarios por presunto enriquecimiento ilícito
Como parte de una investigación administrativa sobre la evolución y verificación patrimonial, la dependencia detectó que un exservidor público adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) registró un incremento injustificable en su patrimonio por 7 millones 268 mil 750 pesos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017.
Tras la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez de Control con sede en Ensenada, Baja California, resolvió vincular a proceso a Ramón “N”, quien se desempeñó como subdirector del CICESE, por el delito de enriquecimiento ilícito.
En un segundo caso, la Secretaría informó que una investigación relacionada con un exservidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permitió detectar un incremento patrimonial injustificable por 6 millones 500 mil 496 pesos, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017.
Por estos hechos, también se presentó una denuncia ante la FGR, y el Juez de Control con sede en la Ciudad de México resolvió vincular a proceso a Armando “N”, quien ocupó el cargo de jefe de departamento en el IMSS, por el delito de enriquecimiento ilícito, imponiéndole como medida cautelar la presentación periódica ante la autoridad correspondiente.
La dependencia reiteró que las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia, conforme a la legislación vigente, y señaló que el proceso continuará con estricto apego al debido proceso, aportando las pruebas que correspondan.
Inhabilitaciones de hasta 20 años por faltas administrativas graves
La Unidad de Combate a la Impunidad también concluyó investigaciones que permitieron acreditar que personas servidoras públicas del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en faltas administrativas graves, relacionadas con abuso de funciones y actos para la asignación de recursos financieros.
Como resultado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso las siguientes sanciones:
- Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio: inhabilitación por 20 años y sanción económica por 10 millones 909 mil 784 pesos.
- Hilda M., directora adjunta de Administración: inhabilitación por 10 años y sanción económica por 10 millones 909 mil 784 pesos.
La Secretaría precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y aseguró que, en caso de hacerlo, defenderá jurídicamente las determinaciones derivadas de las investigaciones.
Buen Gobierno reafirma política de combate a la corrupción
La dependencia destacó que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto irregular en el servicio público mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
Asimismo, subrayó que quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar las consecuencias, al tiempo que reafirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.
