(21 de julio, 2015).- La Procuraduría de los Derechos Humanos emitió 11 recomendaciones a los gobiernos de Apaseo el Grande y Romita por la muerte de dos carnales en sus respectivos separos. Conforme a las investigaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, se concluyó que en ambos casos hubo insuficiente protección de las personas, por parte de las autoridades encargadas de los separos preventivos.
El 30 de abril, el ombudsman local, Gustavo Rodríguez Junquera, inició la queja 123/15-A porque en los separos de la dirección de seguridad pública de Romita el menor identificado con las siglas JMH se ahorcó con una cobija después de ser arrestado en la colonia Los Arcos, acusado de intoxicarse en la calle.
En lo relativo al expediente número 51/15-C, la Procuraduría inició la investigación de manera oficiosa, el día 24 de marzo de 2015, misma que fue ratificada posteriormente por la madre de la víctima.
Para este primer caso la Procuraduría de Derechos Humanos recomienda al Presidente Municipal de Apaseo el Grande Guanajuato, Ramón Gaudencio Jiménez Hernández, para que instruya el inicio del procedimiento administrativo en contra del oficial adscrito al área de separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública Valentín Morales Pérez, respecto de los hechos dolidos por RGR y RMCG, mismos que se hicieron consistir en Insuficiente Protección de Personas cometida en agravio de quien en vida atendiera al nombre de LHCG.
El munícipe también deberá ordenar que se instale un sistema de circuito cerrado en los separos y elaborar un reglamento que precise las funciones, obligaciones y protocolos a seguir por el personal, solicitó la PDHG.
Asimismo, la cárcel deberá tener personal médico y los servidores públicos de los separos tendrán que recibir capacitación en derechos humanos.
En Apaseo el Grande, el 24 de marzo la PDHG inició el expediente 51/15-C por la muerte de Humberto Cruz García en la cárcel municipal.
El joven fue arrestado por escandalizar en la calle y se suicidó en los separos, también ahorcándose con una cobija.
El presidente municipal interino, Ramón Gaudencio Jiménez Hernández deberá sancionar al policía Valentín Morales Pérez, al coordinador del área de separos preventivos, a la coordinadora de oficiales calificadores, Guadalupe Ávila Mancera, y a la oficial calificadora Sandra Galván Cervantes, solicitó el ombudsman.
Además, la cárcel debe tener sistema de videovigilancia y personal médico para que se practiquen exámenes de salud a las personas detenidas.
