Agenda LGBT, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los homosexuales, interpuso una queja ante la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación en contra de 27 ministros de culto, 25 de ellos católicos, por sus declaraciones homofóbicas, las cuales han citado en su afán de frenar los cambios constitucionales anunciados por Enrique Peña Nieto respecto al matrimonio.
En la queja se incluye al cardenal emerito, Juan Sandoval Íñiguez y a Francisco Robles Ortega (presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano), así como los presbíteros voceros de la arquidiócesis de México y de la diócesis de Culiacán, Hugo Valdemar Romero y Esteban Robles Sánchez, respectivamente.
También figuran los nombres de Eugenio Lira Rugarcía, ex secretario general de la CEM y obispo auxiliar de Puebla; Jonás Guerrero Corona, obispo de Culiacán; Carlos Briseño, obispo auxiliar de la Ciudad de México; Francisco Javier Chavolla Ramos, de Toluca; Ramón Castro Castro, de Cuernavaca, y Antonio González Sánchez, de Ciudad Victoria, entre otros.
Asimismo, el pastor Dimas Bravo, de la iglesia cristiana Torre Fuerte de Chiapas, y Eliezer Gutiérrez Avelar, vocero nacional de la iglesia Luz del Mundo.
Jaime López Vela, fundador de Agenda LGBT, aseguró que esas declaraciones, en el sentido de otorgar reconocimiento jurídico pleno a las uniones de personas del mismo sexo, no pueden considerarse libertad de expresión, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en marzo de 2013 que existe una diferencia entre la misma y manifestaciones discriminación, como son las de corte homofóbico.
Indicó que ante este clima de agresiones hacia la comunidad lésbico gay se presentó el pasado 3 de agosto un punto de acuerdo ante la comisión permanente del Congreso para que se exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una campaña para promocionar los derechos humanos sobre orientación sexual e identidad de género.
López Vela remarcó que el perdón público no es suficiente en estos casos. Está la ley de asociaciones religiosas y culto público que establece que cuando los ministros de culto violan la ley deben ser sujetos de sanciones, y entre ellas está retirar el registro a la asociación religiosa
