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Intervención extranjera podrá anular elecciones; publican reformas electorales y judiciales en el DOF

Los decretos promulgados por la presidenta Claudia Sheinbaum incorporan nuevas reglas para revisar candidaturas, permiten invalidar comicios por injerencia externa y aplazan hasta 2028 parte de la renovación pendiente del Poder Judicial.

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La edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) difundió este martes tres decretos impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con los que se modifican aspectos clave del sistema electoral y judicial. Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación de la intervención extranjera como una nueva causa para declarar la nulidad de elecciones, así como la creación de mecanismos para revisar antecedentes de quienes busquen competir por cargos de elección popular.

Las reformas también contemplan ajustes relacionados con la renovación del Poder Judicial. De acuerdo con los decretos publicados, algunos procesos pendientes para la elección de personas juzgadoras se aplazarán hasta 2028, mientras que magistrados electorales que actualmente ocupan sus cargos podrán participar nuevamente en futuras contiendas bajo las condiciones establecidas en la nueva legislación.

FOTOGRAFÍA:ESPECIAL

Uno de los cambios más significativos se encuentra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establece un esquema de evaluación para aspirantes postulados por partidos políticos o por la vía independiente. La medida busca identificar posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas mediante la colaboración de diversas instancias de seguridad, inteligencia y supervisión financiera.

Asimismo, la reforma constitucional publicada establece que cualquier proceso electoral federal, estatal o municipal podrá ser invalidado si se demuestra que existió una intervención extranjera con impacto directo en los resultados de la votación. La disposición forma parte de un paquete de modificaciones que, según autoridades legislativas, entrará en vigor una vez cumplidos los plazos constitucionales correspondientes y tras la adecuación normativa en las entidades federativas.

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