(04 de abril, 2016).- En recientes declaraciones el Secretario de Gobernación, Miguel ángel Osorio Chong, negó la prórroga al GIEI para continuar con las investigaciones y esclarecer lo ocurrido en el caso Ayotzinapa. Al respecto el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), James L. Cavallaro advirtió que esa decisión no recae ni aún en Enrique Peña, pero “si el Estado adopta una actitud intransigente, podría imposibilitar la renovación”.
Abogado graduado en la Universidad de Harvard y con un posgrado en derecho por la Universidad de California en Berkeley, Cavallaro aseguró haberse sorprendido con las recientes declaraciones del secretario de gobernación pues “No es decisión del señor Osorio Chong, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”.
En entrevista para la revista Proceso, el presidente de la CIDH confirmó que la extensión y ampliación de la prórroga, respecto al trabajo del GIEI, es una decisión “solamente” de la Comisión Interamericana
No obstante, en una entrevista para radio Fórmula del martes 29 de marzo el Secretario de Gobernación aseguró que “no habría otra prórroga para el GIEI; el próximo 30 de abril concluye su labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa”
Ante ello, Cavallaro observó que la CIDH se encuentra “dentro del plazo” en sus pesquisas y que el tiempo estipulado en el acuerdo firmado con el gobierno se termina a finales de abril.
El acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana y el Estado mexicano el 18 de noviembre del 2014 consigna que la propia comisión a es la única que podrá resolver con respecto a su participación en el esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa. Por ello, el gobierno mexicano no tiene ninguna injerencia posible.
Asimismo, en su décimo articulado puede leerse: “El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos sería de seis meses” y previene que “se podrá por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes.”
Por eso para James Cavallaro es un despropósito que el gobierno quiera deslindarse de la Comisión cuando “fue el Estado mexicano el que solicitó que se creara el GIEI, lo ha financiado. Es interesante y muy curioso que ya no quiera que continúe colaborando; es lamentable la maniobra del gobierno de decir que no se va a renovar”, denunció.
Este lunes 4 se inician en Washington las sesiones de la CIDH, que terminarán el viernes 15. En ese plazo la Comisión decidirá el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa, en consulta con las partes involucradas.
Campaña de desprestigo y obstaculización contra el GIEI
Es importante rescatar que fue el GIEI, comisión con reconocimiento oficial, uno de los responsables de derribar la “verdad histórica” de que los estudiantes habían sido incinerados. Y después de tales hechos, el Estado mexicano ha pretendido contradecirlos, hasta la fecha, con la reciente declaración del experto en fuego, Ricardo Damián Torres.
Desde entonces el GIEI se ha visto obstruido en sus pesquisas. Prueba de ello, fue que el gobierno no les permitió el acceso al 27 Batallón (de Infantería) –de Iguala– ni tampoco entrevistarse con los soldados, según reveló Cavallaro
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta malversación de fondos públicos en detrimento de la federación por un monto estimado en dos millones de dólares.
La denuncia la interpuso el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez. Hechos que fueron calificados por Álvarez Icaza como “un retroceso a los tiempos dictatoriales”.
Cabe resaltar que la financiación que otorgó el gobierno para los trabajos que ha realizado la Comisión del GIEI fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, por lo cual la CIDH no estaría facultada para manejar recursos financieros.
