Un grupo de inversionistas recurrió al arbitraje internacional bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pague su deuda, luego de considerar que el proceso judicial en México se condujo sin respetar el debido proceso.
Se trata de las administradoras de fondos de inversión estadunidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que buscan recuperar 500 millones de dólares de parte de Salinas Pliego.
Las firmas presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) su réplica a la desestimación del proceso de arbitraje contra el Estado mexicano, el cual, afirman, fue “rechazado por motivos jurisdiccionales infundados”.
De acuerdo con Katherine P. Padgett, de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en Washington DC y asesora legal de los demandantes en este arbitraje de inversión, el monto sigue creciendo porque, “hasta hoy, TV Azteca permanece protegida de responsabilidad” gracias a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales.
“Consideramos que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano y sus empresas de tener que pagar obligaciones legales de deuda, el mismo multimillonario mexicano cuyas empresas también deben una cantidad masiva de impuestos no pagados al Estado mexicano”, agregó Padgett.
Los inversionistas explicaron que presentaron el caso arbitral contra el Estado mexicano y contra TV Azteca. Al gobierno mexicano lo consideran responsable en última instancia de cumplir con las obligaciones del T-MEC, entre ellas garantizar el respeto a la ley y el acceso a un juicio en igualdad de condiciones y sin irregularidades para los inversionistas.
El inicio del calvario para los inversionistas
Cabe recordar que en 2022 TV Azteca inició un proceso ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitando que se declarara que la pandemia de Covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que le impedía cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas.
El juez Miguel Ángel Robles Villegas otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los acusados, ordenando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia.
Lo anterior privó a los inversionistas de la oportunidad de defenderse, pese a que las actividades del tribunal ya se habían reanudado por completo seis meses antes.
Cuando los prestamistas pidieron levantar la medida cautelar, después de que la OMS y el presidente Andrés Manuel López Obrador declararon el fin de la emergencia de salud pública por Covid-19, el mismo tribunal negó la solicitud.
El 9 de mayo de 2023, el juez concedió otra medida cautelar solicitada por la televisora, que le permitió abstenerse de reportar información financiera al público como empresa entonces cotizante en la Bolsa Mexicana de Valores.
Posteriormente, el 30 de enero de 2024, un tribunal de apelaciones determinó que la medida cautelar debía mantenerse hasta que TV Azteca notificara a los 35 acusados.
Como resultado, la firma que representa a los inversionistas afirmó que TV Azteca puede “continuar abusando de un proceso claramente defectuoso y la imposición de una medida cautelar para bloquear los esfuerzos de desestimación y evitar pagar su deuda”.
“En resumen, México es responsable, bajo el derecho internacional, ante los inversionistas estadounidenses por el mal uso de su sistema judicial en contra de sus intereses y a favor de TV Azteca y del Sr. Ricardo Salinas”, refieren los demandantes.
