(25 de febrero, 2014).- La Universidad de Colima obtuvo un dictamen negativo en un estudio realizado por la Auditoria Superior de la Federación, de donde se desprenden 12 recomendaciones y tres pliegos de observaciones por incumplimiento de distintas leyes y normativas así como posibles daños y perjuicios a la hacienda pública federal.
En la auditoría, que puede ser consultada en línea, la ASF señala que se determinó incumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, Convenio de Apoyo Financiero con instancias, el Contrato Colectivo de trabajo, el Reglamento Interior de trabajo, así como convenios y acuerdos con diversas instancias.
La ASF detectó irregularidades en los gastos de nómina , pues el costo y la nomenclatura de plantilla no concuerda con los tabuladores autorizados por la Universidad, por lo que la Auditoría invita a la SEP a implementar medidas de control a fin de garantizar que los recursos correspondan con la plantilla de personal y el tabulador de sueldos.
Igualmente, se presentan diferencias entre las plazas autorizadas por el Rector contra las pagadas quincenalmente por nómina, a lo cual la UCOL respondió que esta inconsistencia se daba por incapacidades médicas, personal en proceso de jubilación o realización de estancias en el extranjero, sin embargo, la UCOL no acreditó documentalmente la autorización de dichas plazas.
La diferencia, correspondiente a 54 plazas, lleva a la ASF a presumir un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $1,821,645.10 (un millón ochocientos veintiún mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 10/100 M.N.).
Adicionalmente, el informe presume daños o perjucios a la Hacienda Pública Federal por $2,000,986.38 (dos millones novecientos ochenta y seis pesos 38/100 M.N.) por el pago de actualizaciones y recargos de las aportaciones al IMSS, cuyos conceptos de pago no se encuentran incluidos en convenio de apoyo financiero ni autorizados por el Consejo Universitario.
También se sugieren posibles daños al erario público por $122,418,860.24 (ciento veintidós millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos sesenta pesos 24/100 M.N.), ya que la UCOL realizó pagos carente de autorización del Consejo Universitario que se encuentra fuera s lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, así como apoyos económicos encontrados en estados financieros.
Entre las recomendaciones que emite la ASF, se invita a que la UCOL realice las acciones necesarias para garantizar que el Programa Universitario de Mejora Regulatoria sea autorizado por el Consejo Universitario, “con el fin de que cuente con la normativa interna que, con el carácter de observancia obligatoria, fomente la calidad de la mejora regulatoria, que promueva el funcionamiento institucional, la transparencia, la rendición de cuentas, además de que sea difundida al interior de la Universidad, a fin de que los trabajadores identifiquen sus funciones.”
