Una nueva batalla judicial se abrió en Estados Unidos luego de que un juez federal de Nueva Hampshire anunciara que bloqueará temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Esta medida, considerada por muchos como una amenaza directa a la Constitución, afecta a decenas de miles de bebés nacidos en territorio estadounidense de padres migrantes.
El juez Joseph LaPlante adelantó que emitirá una orden judicial preliminar para detener la entrada en vigor de la orden de Trump. También certificará una demanda colectiva que incluye a los niños afectados, aunque de forma más limitada de lo que buscaban los demandantes.
La decisión se tomó tras una audiencia de una hora. LaPlante fue claro: aunque los argumentos del gobierno no le parecieron “frívolos”, sí los consideró “poco convincentes”. Añadió que impedir la ciudadanía por nacimiento equivale a un daño irreparable, lo que justificaba plenamente la intervención del tribunal.
La medida de Trump, busca quitar la ciudadanía a niñas y niños nacidos en EE. UU. si sus padres se encuentran en el país de forma irregular o con estatus temporal. Sin embargo, la 14ª Enmienda de la Constitución establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, lo que ha sido la base del sistema legal desde hace más de un siglo.
La demanda fue presentada por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y otras organizaciones, en representación de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. El objetivo es evitar que la orden entre en vigor mientras avanza el litigio.
En paralelo, casos similares se analizan en Maryland y el estado de Washington. En todos ellos, los jueces han mostrado señales de resistencia. CASA, una organización defensora de migrantes, también busca obtener una orden judicial nacional.
“Nadie tiene que mudarse de estado en este instante”, dijo Ama Frimpong, directora jurídica de CASA.
“Hay diferentes vías a través de las cuales todos estamos luchando, nuevamente, para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca vea realmente la luz del día”.
La decisión del juez LaPlante incluirá una suspensión de siete días para permitir una posible apelación. Aun así, el mensaje es claro: los tribunales están interviniendo para proteger los derechos de los migrantes.
