- De acuerdo con reportes judiciales, la acusación se relaciona con una presunta denuncia falsa presentada contra el senador Fernández durante el pasado proceso electoral, situación que derivó en la apertura de una investigación por parte de autoridades federales.
Un juez federal vinculó a proceso a la exdiputada y funcionaria municipal de Monterrey, Karina Barrón Perales, por su presunta participación en los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, en un caso que se originó a partir de una denuncia presentada por el senador morenista Waldo Fernández. La resolución se emitió tras una audiencia judicial en la que se analizaron los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).
La imputada, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del ayuntamiento de Monterrey, fue detenida a inicios de marzo y posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial. Tras revisar los datos de prueba, el juez determinó iniciar el proceso penal y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.
De acuerdo con reportes judiciales, la acusación se relaciona con una presunta denuncia falsa presentada contra el senador Fernández durante el pasado proceso electoral, situación que derivó en la apertura de una investigación por parte de autoridades federales. En el expediente se señala la posible existencia de presiones y maniobras que habrían buscado afectar políticamente al legislador.
La resolución judicial también alcanzó a otras personas presuntamente vinculadas con los hechos, quienes enfrentarán el proceso penal correspondiente mientras el Ministerio Público continúa integrando pruebas y testimonios. El caso forma parte de las acciones emprendidas por las instituciones federales para investigar posibles delitos relacionados con el uso indebido del sistema judicial y presuntos actos de extorsión.
Autoridades federales han señalado que la investigación se desarrolla conforme a los procedimientos legales y al debido proceso. En ese contexto, la Presidencia de la República ha reiterado que la detención y el avance del caso responden a la existencia de elementos de prueba y descartó que se trate de una acción con motivaciones políticas.
La vinculación a proceso marca una nueva etapa en el procedimiento judicial, en la que la Fiscalía continuará recabando información para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el tribunal competente definirá el curso del proceso conforme a la legislación vigente.
