“De los 130 procesados por el caso Iguala, 46 fueron detenidos en forma arbitraria, retenidos por un plazo que excede al permitido y probablemente torturados para rendir su testimonio”, señaló el juez responsable del juicio.
En su sentencia, el juez federal David Calderón Blanc establece que “la Policía de Guerrero, la PGR y la Marina incurrieron en abusos e irregularidades al detener a la tercera parte de los implicados en la desaparición de 43 normalistas”.
Es por ello que el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas decidió excluir como prueba todos los testimonios que rindieron estos acusados.
El fallo fue emitido junto con la orden de libertad a cuatro implicados en el caso: Marco Antonio Ríos Berber “El Cuasi”, Luis Alberto José Gaspar “El Tongo”, Martín Alejandro Macedo Barrera “El Becerro” y Honorio Antúnez Osorio “El Patachín”.
Entre las declaraciones que consideró que no deben ser tomadas en cuenta están las de 24 agentes de la Policía de Cocula y 10 de la de Iguala, porque en su opinión fueron detenidos ilegalmente, informó Reforma.
También excluyó los dichos de 7 presuntos integrantes de la organización criminal de Guerreros Unidos, porque estimó que los detuvieron sin ser puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público.
Entre los testimonios sin considerar está el de David Cruz Hernández, “El Chino”, agente de Protección Civil de Iguala que señala a José Luis Abarca “de haber dado la orden para detener a los 43 normalistas la noche el 26 de septiembre de 2014”.
Otra de las declaraciones invalidadas es la de Raúl Núñez Salgado “El Canperra”, presunto operador financiero de Guerreros Unidos que confesó los sobornos a Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Iguala, para proteger a su organización.
El juez estima que “las detenciones de 34 acusados fueron ilegales; que otros cinco presentan indicios —que no la certeza— de torturas y dos fueron llevados por las autoridades a otros lugares para celebrar actos de investigación, en lugar de ser puestos a disposición del Ministerio Público”.
Adicionalmente, también excluyó por torturas el testimonio de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos, y las confesiones de los cuatro imputados a quienes les decretó la libertad, al no haber certeza de que declararon sin malos tratos, señala la misma publicación.
