Un órgano federal en la Ciudad de México instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a poner a disposición todos los reportes de inteligencia producidos en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) en Iguala, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La determinación fue emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa como parte de un juicio de amparo promovido por madres y padres de los normalistas. En su análisis, el juzgado concluyó que existen 853 folios generados por el CFRI que deben ser entregados en su totalidad, al considerar que están bajo resguardo de instancias militares.
El fallo sostiene que la secuencia incompleta en la numeración de documentos previamente aportados es un indicio suficiente para presumir que hay información pendiente de transparentar. Por ello, ordena su entrega íntegra, pese a que la dependencia castrense ha sostenido que no cuenta con archivos adicionales.
La referencia a estos más de 800 folios apareció en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mecanismo internacional que acompañó las indagatorias y que documentó comunicaciones internas del Ejército sobre el seguimiento a los estudiantes durante y después de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala.
Organizaciones que asesoran a las familias, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron que la resolución reconoce el derecho a la verdad y establece que la información no puede clasificarse como reservada, debido al interés público que reviste el caso.
El recurso legal fue presentado en 2023, luego de que los familiares acusaran omisiones en la entrega completa de reportes de inteligencia y señalaran falta de resultados efectivos en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Además, dentro del mismo proceso judicial, un tribunal colegiado ya había ordenado a las autoridades militares abstenerse de eliminar, alterar o esconder cualquier documento vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida hace más de once años en Guerrero.
