Una jueza federal de Estados Unidos, Jia Cobb, ha asestado un golpe a la política migratoria del presidente Donald Trump al bloquear temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados. El fallo responde a una demanda de grupos defensores de los migrantes, quienes argumentaron que la medida de la administración Trump violaba el debido proceso legal.
La jueza Cobb criticó la política por “priorizar la rapidez” sobre la justicia, lo que, según ella, podría llevar a que el gobierno expulse a personas por error. El dictamen de 48 páginas se basa en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a un proceso legal justo, señalando que este derecho debe ser protegido incluso para quienes residen en el interior del país, no solo en la frontera.
La expansión de una política controversial
Las deportaciones rápidas, conocidas como “expulsión acelerada”, permiten a los funcionarios federales expulsar a inmigrantes sin una audiencia ante un juez. Antes de la nueva administración, esta medida se aplicaba a personas detenidas cerca de la frontera que hubieran llegado hacía poco tiempo. Sin embargo, Trump expandió la política a cualquier parte del país y a aquellos que llevaran hasta dos años en EE.UU.
La decisión de la jueza Cobb es un importante revés para el gobierno de Trump, que prometió realizar deportaciones masivas. El fallo se suma a otros casos que han puesto en el ojo del huracán las políticas migratorias del presidente, como la detención de un bombero mexicano en Oregón. Aunque el gobierno de Trump ha manifestado su intención de apelar la decisión, por ahora, el fallo protege a miles de migrantes que se encontraban bajo amenaza de deportación sin un juicio justo.
