La jueza federal, Maame E. Frimpong ordenó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump detener los arrestos indiscriminados de inmigrantes en siete condados de California, incluyendo Los Ángeles.
Esto surge en respuesta de una demanda interpuesta la semana pasada por grupos de defensa a favor de los inmigrantes. En dicho documento, se acusan al gobierno de Trump de enfocarse sistemáticamente en personas de piel morena en el sur de California durante su actual batida migratoria.
Entre los demandantes hay tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue detenido a pesar de mostrar su identificación a los agentes.
La demanda, presentada en la Corte de Distrito federal, solicitaba a la jueza que impidiera que el gobierno use lo que describieron como “tácticas inconstitucionales” durante las redadas de inmigración.
Frimpong emite una orden por separado
Debido a esto, la orden también prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el hablar español o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas
Además del señalamiento inicial, los defensores acusan a los funcionarios de detener a personas basándose en su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asesoría jurídica en una cárcel del centro de Los Ángeles.
En respuesta, la jueza Maame E. Frimpong emitió una orden por separado en la que prohíbe al gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel para inmigrantes en Los Ángeles.
Las órdenes fueron emitidas de emergencia, es decir, son una medida temporal mientras el proceso judicial avanza. Esto ocurre un día después de una audiencia durante la cual los grupos activistas argumentaron que el gobierno violaba la Cuarta y Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Casa Blanca desestima la orden de la jueza
Frimpong escribió en la orden que había una “montaña de evidencia” presentada en el caso que demostraba que el gobierno federal estaba cometiendo las violaciones de las que se le acusaba.
La Casa Blanca respondió al fallo minimizando el alcance de la jueza.
“Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política de inmigración; esa autoridad recae en el Congreso y el presidente”, declaró la portavoz Abigail Jackson.
Adempas, señaló que las operaciones policiales requieren una planificación y ejecución cuidadosas “habilidades que están más allá de la competencia o jurisdicción de cualquier juez. Esperamos que este grave exceso de autoridad judicial sea corregido en una apelación”
