Esposa de Javier Duarte y responsable del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), Karime Macías fue la vicegobernadora que tomaba las decisiones en el gabinete del gobierno de Veracruz entre 2011 y 2016, periodo en el que se convirtió en la mujer más poderosa de esa entidad.
Aunque la responsabilidad legal y jurídica recaía en Duarte, Macías fue el poder tras el poder, pues según sus propios colaboradores su fuerte carácter le permitía tomar las decisiones en el gobierno veracruzano, por lo que también disfrutó de los lujos de desviar los recursos del erario.
La esposa del exmandatario estatal vivió en la completa impunidad después de la aprehensión de su cónyuge, cuya captura habría sido pactada con el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, pero finalmente fue detenida en Inglaterra, donde ha radicado desde la salida del gobierno estatal.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extradición de Macías, quien ha sido señalada por vivir a unas cuadras del palacio de Buckingham en Londres, sin ningún tipo de recato, pese al desfalco millonario que efectuó con su marido en agravio a los veracruzanos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el gobierno de Duarte se desviaron más de 60 mil millones de pesos, siendo la entidad con la mayor cantidad de irregularidades detectadas, dejando endeudado al estado sin pagar pensiones a los adultos mayores, jubilados, sin becas a estudiantes, sin pagos a los docentes y sin apoyo a las instituciones educativas.
Karime Macías, según sus propios colaboradores, además de ese férreo carácter, también es una mujer que busca los lujos y ambiciosa, razón por la cual se ha convertido en una de las figuras más reconocidas con esa expresión señalada como “Sí merezco abundancia” que escribió en una plana en una libreta en alusión a la manera en la que vivía en Veracruz.
Macías participó en todos los esquemas de corrupción en los que se desvió sistemáticamente el presupuesto de los veracruzanos para fines personales con la creación de empresas fantasma y la triangulación de los fondos para evitar su detección.
Para garantizar justicia a los veracruzanos, se debe detener y sentenciar a Macías, además de decomisar todos los bienes que fueron adquiridos con dinero público, ya que de los 60 mil millones de pesos desviado no se ha recuperado ni el diez por ciento del total del monto que se gastó en banalidades ajenas a las necesidades de una entidad con tantos problemas.
