Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, sostuvo que este gobierno va por las “cabezas” de la evasión tributaria cuyo saqueo asciende a 2.5% del producto Interno Bruto (PIB) es decir casi tres veces el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Precisó que se trata de delincuentes organizados que pagan mensajes contra la reforma fiscal para seguir operando por medio de empresas factureras motivo por el que de acuerdo con la Unidad de Política Fiscal de Hacienda, el erario deja de percibir 750 mil millones de pesos.
En entrevista para Milenio, el procurador mencionó que la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 es indispensable, pues las herramientas actuales para combatir la evasión son limitadas. Afirmó que la nueva norma permitirá realizar investigaciones con el uso de inteligencia, así como de infiltrados, mediante intervenciones telefónicas con orden judicial y la aplicación de criterios de oportunidades “para poder realmente desactivar estas redes criminales”.
El procurador insistió en que con las investigaciones actuales es muy complicado llegar a las cabezas “que nos llevan a tener empresas de papel, millones de impuestos, pero no encontramos entre los propios papeles que tenemos quién se llevó el dinero o quién lo sacó en efectivo”.
“Ojalá podamos, pero cuando menos hemos calculado que se va a minimizar su uso, por supuesto; cantidades no las puedo dar, pero al final de cuentas vamos por ellos… que todo mundo sepa, aquí sólo vamos por las cabezas de los grupos de factureros que son los que realmente son delincuentes organizados” dijo al ser cuestionado sobre si es posible terminar con el saqueo fiscal.
Romero Aranda mencionó que la gente se acostumbró a no pagar y que no había consecuencias. Resaltó que en 2016 los delitos fiscales no ameritaban prisión preventiva oficiosa y fue cuando se disparó la actividad de los factureros.
Por ello, refirió, con la reforma se buscó equiparar a los factureros con delincuentes organizados a fin “de que podamos tener infiltrados que puedan meterse en la agrupación criminal para saber cómo mueven el dinero, quiénes son los clientes, quiénes participan”.
De esta forma el procurador sostuvo que la reforma “no es impositiva ni arbitraria ni unilateral… tampoco vamos a criminalizar a la pobreza, vamos por las cabezas”.
