La semana pasada estaba agendada la conferencia magistral del ex presidente de México, Felipe Calderón, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus donde hace nueve años dos estudiantes de excelencia de posgrado fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano, quienes los acusaron de ser supuestos sicarios del crimen organizado.
Ese hecho que sigue latente en la memoria de la comunidad estudiantil ha sido retomado en un reciente documental denominado “Hasta los dientes”, en el que se evidencia cómo el gobierno federal encabezado por Calderón asesinó a los estudiantes y los criminalizó para ser presentados ante los medios de comunicación como supuestos delincuentes armados, aunque sus padres y familiares demostraron que se trataban de alumnos de excelencia en el ITESM.
El gobierno de Calderón no incurrió en esa práctica sólo en ese caso durante ese sexenio, pues hubo otros casos en los que se presentó a delincuentes a personas que fueron asesinadas por elementos de las fuerzas armadas que se supone que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y preservar la paz social.
Los dos estudiantes que fueron ejecutados por encontrarse en el momento y lugar incorrecto fueron señalados por el Estado como integrantes del crimen organizado, cuando el ITESM reconoció que se trataba de dos de sus alumnos que tenían excelentes calificaciones y salieron por la noche al terminar un trabajo académico.
A casi diez años de los hechos los estudiantes y egresados del Tecnológico de Monterrey no olvidan el dolor de las familias y a los dos alumnos que no pudieron cumplir sus sueños, pues fueron arrebatados en una guerra que aún no termina y que sigue causando bajas de personas inocentes en todo el país.
Ese dolor aún no cesa y mientras haya memoria, habrá exigencia de justicia, a un gobierno que se ensordeció y cuya cabeza ahora pretende consolidar un nuevo proyecto político, pero con esos recuerdos será muy difícil que pueda consolidarlo.
Sin embargo, esa práctica de falsos culpables también se replicó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues uno de sus casos más visibles fue el de la ejecución de supuestos narcotraficantes en Atizapán, Michoacán, en 2015 y que fue documentado por la periodista Laura Castellanos.
Finalmente el reclamo social salió avante de esta situación, sin embargo, aún no hay respuestas favorables para los familiares de las víctimas, por lo que como estos dos incidentes también hay otros que no han sido esclarecidos y cuyos casos continúan en la impunidad.
