Ahora resulta que una cosa es la justicia a secas, que proviene de la vigencia del Estado de derecho, y otra es la “justicia cotidiana”. Es obvio que no pueden disociarse una de la otra: hay justicia o no la hay. Al asistir al informe de labores del presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se refirió al compromiso del “gobierno” de Enrique Peña Nieto con la “justicia cotidiana”, lo que significa reducir a su mínima expresión una de las responsabilidades básicas del Ejecutivo: garantizar el Estado de derecho para que la justicia sea una acción prioritaria, irrenunciable.
Sin embargo, en la realidad cotidiana lo que menos existe es justicia para las clases mayoritarias, porque no tienen posibilidades de acceder a ella. Se les han cerrado las puertas a partir de que las instituciones del Estado son una mercancía sólo al alcance de minorías privilegiadas. Esta es una verdad imposible de rebatir, porque los hechos allí están para que los vea quien quiera verlos. ¿Acaso el “aumento” de menos de tres pesos diarios al salario mínimo es “justicia cotidiana”? ¿Lo son las condiciones de dramática marginación en que sobreviven más de 80 millones de mexicanos?
“Se trata -dijo Osorio Chong- de juntos construir las mejores soluciones para hacer de la justicia un derecho al alcance de todos, sin restricciones ni demora alguna”. ¿Entonces por qué se actúa cotidianamente en la dirección contraria? La demagogia con la que el “gobierno” de Peña Nieto pretende seguir engañando a la sociedad nacional, está ya absolutamente agotada. El ciudadano común está harto de tanta palabrería hueca, que contraviene las políticas públicas injustas impuestas por un régimen insensible, ajeno al dolor que provoca la pobreza y la falta de expectativas para las nuevas generaciones.
En materia de justicia, en vez de avanzar vamos en reversa, como lo patentizan los hechos. El documento fundacional del Estado mexicano, los “Sentimientos de la Nación”, del Generalísimo José María Morelos y Pavón, es tan actual como hace doscientos años. Es cierto, en la actualidad los indígenas marginados no caminan descalzos, pero su miseria es tan indignante como lo era en tiempos de la lucha independentista. La desigualdad es tan terrible ahora como entonces, como también lo es la imposibilidad de que las clases menos favorecidas tengan acceso a una elemental justicia.
Afirmó el titular de Gobernación que “la justicia en todos los ámbitos de la vida social es piedra angular del bienestar y desarrollo que los mexicanos merecemos”. Si lo sabe, entonces ¿por qué no se actúa en esa dirección, por qué se hace todo por impedir que las clases mayoritarias tengan una mínima posibilidad de “justicia cotidiana”? La respuesta es muy simple, corroborada por los hechos: el régimen tiene como principal compromiso con la élite oligárquica mantener en la pobreza estructural a las clases mayoritarias, para de este modo obtener mayores beneficios.
A ambas partes les conviene, a la burocracia dorada porque una masa marginada en grado extremo no tiene conciencia de su dignidad, que se va perdiendo en la medida que se va descendiendo al infierno de la indigencia. A la cúpula oligárquica, porque se amplían sus ventajas en la relación con los trabajadores, como lo ejemplifica claramente el bajísimo salario mínimo del que “disfrutan” más de 6 millones de mexicanos. En ambos casos hay plena conciencia de que abrir las puertas de la “justicia cotidiana” al pueblo es muy riesgoso: aprendería a exigir sus derechos, aunque de manera tímida y prudente.
Es incuestionable que luego de tres décadas de neoliberalismo, la sociedad nacional se encuentra en niveles de pobreza como los que se tenían en los tiempos de la dictadura porfirista. Así lo confirman estudios muy serios, como los elaborados por Julio Boldvinik y el Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien) del Instituto Tecnológico de Monterrey. Lo más preocupante es que la “justicia cotidiana” se alejará todavía más en los meses venideros, no sólo por las condiciones alarmantes de la economía nacional, sino porque las élites no están dispuestas, por ningún motivo, a renunciar a uno solo de sus extraordinarios privilegios.
Van a seguirle apretando el cuello al pueblo, hasta que la asfixia lo haga reaccionar, como seguramente así habrá de suceder. La reacción de quien se está ahogando es patalear y manotear.
