(19 de junio, 2014).- El Congreso local en Chilpancingo cancela la sesión para la despenalización del aborto debido al partido de la selección mexicana y permite misas al interior de sus instalaciones.
A pesar de que para el 2012 ya se habían registrado 56 mil 600 hospitalizaciones por abortos en el estado de Guerrero y que éstos datos incluyen el registro de mujeres desde los 10 hasta los 19 años, el congreso local decidió de última hora, cancelar la sesión programada para el martes 17 de junio del presente año en la que se buscaría la resolución de la despenalización del aborto en el estado de Guerrero. De esto informaron las organizaciones que han venido impulsando la iniciativa para lograr una atención de salud adecuada y digna, así como la despenalización hacia quienes decidan optar por la interrupción del embarazo.
Además de evitar las prácticas riesgosas que implica para las mujeres la práctica ilegal del aborto, quienes piensan en la posibilidad de detener la gestación o que se han sometido a la intervención, deben enfrentar el juicio social debido a la predominancia de la religión católica que existe en el país. Además de ello debe enfrentarse a la posibilidad del encarcelamiento y muestra de ello es la marcha realizada por católicos el pasado 15 de junio en la ciudad de Chilpancingo, con la que se buscó presionar al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y contravenir la iniciativa propuesta por éste.
La marcha fue impulsada por el Movimiento Ciudadano Laico (MCL), quienes a través de su coordinador, Héctor García Agüero, destacaron su condición laica “sin intereses políticos o religiosos”, lo cierto es el carácter católico de la manifestación, así como la participación de la Iglesia a través de los actores políticos es innegable. Muestra de ello fue la declaración del obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala, quien en conferencia de prensa, luego de reprobar la ley porque la considera un atentado contra la vida, comentó que el gobernador no les “había informado” a pesar de la buena relación del sistema católico y el del estado.
Este hecho no tendría por qué ocurrir debido al Estado laico que se establece en el artículo 130 Constitucional y en el que se establece el principio histórico de la separación del estado y la iglesia. En el mismo artículo se establece claramente que así como existe la libertad de culto, también hay restricciones ineludibles para que ministros religiosos se asocien políticamente a favor o en contra de candidatos, partidos políticos o en contra de leyes e instituciones.
De lo anterior, la gravedad consiste en la participación de la iglesia católica frente a la iniciativa de ley del gobernador, así como de la abierta postura religiosa de la diputada local priista Julieta Fernández, quien ha venido participando y apoyando a ministros católicos. El acto más contundente fue la realización de una misa al interior de las instalaciones del H. Congreso del estado de Guerrero el 4 de junio, misma que impulsó la diputada y con lo cual estaría violando el principio de separación de la iglesia y el estado que establece el Estado Laico a través de la Constitución mexicana.
“Estamos en un Estado laico en donde es muy claro que hay un respeto de la libertad de la libertad de conciencia de las ciudadanas y los ciudadanos. No hay ninguna creencia religiosa que esté de manera oficial y con este acto, la diputada, lo que hizo fue, públicamente, mostrar que en Guerrero antes que la ley está el dogma, está la religión y que las diputadas y los diputados de este congreso, la soberanía popular, el poder del pueblo, lo han ignorado para reconocer a la religión católica como quien decide la política en este estado. Violenta la Constitución política y violenta la ley de asociaciones religiosas”, indicó María Luisa Garfias Marín, delegada de Derechos Humanos del estado de Guerrero.
Ante la cancelación de la sesión para la resolución de la ley y ante los actos de la Diputada y las organizaciones religiosas, organizaciones como REDefine que han apoyado el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres en guerrerenses, así como en diversos estados en el país, a través de su coordinadora y vocera en Guerrero, Guadalupe Albavera Sánchez, y María Luisa Garfias Marín entregaron ante la subsecretaría de gobierno para asuntos religiosos la denuncia sustentada en la violación de los artículos 1, 24 y 130 Constitucionales por parte de la diputada Julieta Fernández. La denuncia fue escuchada y recibida por el licenciado Jorge Alberto González Rivero, subsecretario.
Sin embargo, la denuncia por faltas al Estado laico por parte de la diputada priista, no correspondería propiamente a esa instancia, por lo que se turnaría al gobierno federal en la Ciudad de México a fin de tomar cartas en el asunto y de establecer las sanciones que se debieran.
Mientras tanto, luego de la cancelación de la sesión y la intervención de la iglesia en la aprobación de una ley que sólo compete a los legisladores y a la ciudadanía, la despenalización quedó pospuesta hasta el próximo jueves.
