Ciudad de México, México. Un nuevo y explosivo escándalo sacude la política mexicana. Documentos ministeriales obtenidos por el diario El País revelan que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, operó un centro clandestino de intercepción de comunicaciones desde una mansión confiscada a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Esta casa, ubicada en la exclusiva Avenida Explanada 1230 en Lomas de Chapultepec, habría funcionado como un “búnker espía” entre septiembre de 2013 y septiembre de 2015.
Un centro de espionaje con figuras clave acusadas
Este centro de espionaje habría operado bajo la dirección del entonces procurador Jesús Murillo Karam y con la participación de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Ambos personajes, figuras centrales del gobierno de Peña Nieto, enfrentan hoy graves acusaciones por tortura y desaparición forzada relacionadas con el caso Ayotzinapa. Murillo Karam cumple prisión domiciliaria, mientras que Zerón permanece prófugo en Israel.
La revelación de este centro clandestino se suma a las acusaciones previas contra el gobierno de Peña Nieto por el uso del software espía Pegasus. Este programa, supuestamente adquirido para combatir al crimen organizado, fue utilizado para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas y políticos de oposición.
Fondos secretos y equipos fantasma
La investigación actual de la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, apunta a que la PGR de Murillo Karam habría utilizado una empresa fantasma (offshore) llamada Duritz Holdings Limited, registrada en Gibraltar, para desviar 250 millones de pesos (más de 13 millones de dólares) para la compra de sistemas de espionaje. Lo más preocupante es que, según la Fiscalía, no hay registro oficial de los equipos adquiridos en el inventario de la PGR.
La pista clave provino de Humberto Antimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional de la PGR, quien declaró que los equipos sí fueron entregados, pero instalados fuera de las instalaciones oficiales de la Procuraduría, precisamente en la mansión de Raúl Salinas. En diciembre de 2020, la defensa de Rivera solicitó a la Fiscalía realizar diligencias en el inmueble para demostrar que el contrato se ejecutó, aunque de manera clandestina.
La operación de este centro de espionaje habría sido financiada con recursos de la partida secreta de “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, una especie de “caja chica” que permitía realizar operaciones sin la debida supervisión o rendición de cuentas durante el gobierno priista. Se estima que por esta vía se desviaron más de 3 mil 300 millones de pesos (unos 177 millones de dólares).
La casa del “hermano incómodo” al servicio del espionaje político
La mansión en Lomas de Chapultepec tiene su propia historia polémica. Había sido embargada a Raúl Salinas desde 1996, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito. Durante años, la PGR afirmó que el hermano del expresidente acumuló 52 millones de dólares de manera injustificada. Sin embargo, en 2013 fue absuelto, y sus bienes fueron restituidos. La casa permaneció bajo control de la PGR hasta 2015, cuando fue entregada al Servicio de Enajenación de Bienes (SAE).
El uso de esta propiedad como centro de espionaje político, sumado al caso Pegasus, ha vuelto a vincular al expresidente Enrique Peña Nieto con estos esquemas. La semana pasada, dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, declararon ante tribunales en Israel que invirtieron 25 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos, incluido el propio Peña Nieto, para obtener contratos gubernamentales, entre ellos, la venta del software Pegasus. La Fiscalía mexicana también ha solicitado la extradición de Tomás Zerón no solo por el caso Ayotzinapa, sino también por la compra irregular de equipos de espionaje.
Aunque los fiscales no han podido confirmar la existencia física del centro de espionaje debido al tiempo transcurrido y a que el inmueble fue entregado en 2015, la investigación sigue abierta. La Fiscalía no descarta nuevas acciones para aclarar el destino del dinero y el uso de los equipos adquiridos, prometiendo que se buscará esclarecer esta red de espionaje que, según El País, evoca las prácticas de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del PRI que durante el siglo XX vigiló a disidentes, periodistas y artistas.
