(17 de mayo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- En Chilapa, Guerrero, el apellido Carreto se ha convertido en un emblema de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial sin justicia, que da cuenta, a decir por la comunidad, de la existencia de un duopolio de la violencia alternado por autoridades-crimen organizado. La historia familiar de los Carreto concentra más de cinco crímenes que hoy han quedado en el olvido para el Estado, pero arraigados en la memoria histórica de una sociedad que a diario padece ambos delitos de manera directa, principalmente al habitar una de las comunidades más pobres y con mayor inseguridad y violencia en el país.
El 10 de mayo de 2015, los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas de 15, 21 y 25 años de edad, salieron de la comunidad de Ahuihuiyuco con el propósito de vender una becerra, con el dinero comprarían un estante para los trastos de la cocina de su madre. De su hogar se trasladaron en la camioneta de su padre, Bernardo Carreto, rumbo a la cabecera municipal de Chilapa, que justamente ese día se encontraba sitiada por un grupo armado.
No había pasado ni una hora, cuando los jóvenes ya se encontraban en la entrada de Chilapa, rodeados por un grupo de hombres con el rostro cubierto, quienes los tenían maniatados. Su padre, Bernardo, los vio en aquel sitio y gritó: “¿qué les han hecho? ellos no son culpables de nada, ¿por qué los detuvieron?, si cometieron algún delito entréguenlos a las autoridades”, lo anterior versa en un testimonio en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
Ante el reclamo del padre, los hombres armados le dijeron que ellos eran ‘la autoridad’, y se dijeron comisarios de las comunidades de San Ángel, San Pedro, Ahuihuiyuco, Jaguey, Xiloxuchicán, a su vez le hicieron saber que no entregarían a los muchachos a la policía y le exigieron que se fuera, porque de lo contrario él también sería detenido, junto a otras personas que se encontraban en la vía pública.
De inmediato Bernardo Carreto se retiró del lugar y fue al hotel donde la Genderamería tenía una base, pero hicieron caso omiso a su petición de ayuda desesperada al creer que a sus hijos podrían asesinarlos. Según sus propias palabras, a las que ha tenido acceso este medio, no lo dejaron narrar los hechos en su totalidad y lo corrieron del lugar, volvió al retén donde los muchachos habían sido detenidos, pero ya no estaban ahí.
Hijos y padre nunca más se volvieron a ver, aquella misma noche, un grupo armado irrumpió en su comunidad y atacó las casas vecinas, incluida la de Bernardo, a quien le robaron “cuanto pudieron”. A partir de ese momento el padre se convirtió en un investigador incansable, que a diario se movilizaba en la búsqueda de sus hijos, formando parte del grupo de familiares de desaparecidos en Chilapa.
Semanas después de aquellos hechos, Bernardo comenzó a recibir llamadas donde lo amenazaron de muerte, y mensajes donde le exigían dejara de denunciar los hechos porque también a él lo iban a desaparecer. Él aseguró que este tipo de hostigamiento surgió luego que proporcionara su número en el ministerio público local. “Tengo miedo, mucho, porque sé que me pueden matar, es seguro que pase porque ese es casi siempre el destino de las personas que piden justicia y yo estoy luchando por algo justo”, aseveró en dicho testimonio.
El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto, perteneciente a una familia donde varios de sus miembros han sido activistas comunitarios y defensores de derechos humanos, de los cuales siete han sido asesinados en crímenes relacionados a su activismo, fue acribillado frente a los pocos integrantes que quedan ya de su familia. Conducía su camioneta en la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por su esposa y sus dos nueras, cuando un grupo de hombres armados los interceptaron y dispararon directamente al hombre de 49 años; él perdió el control y volcó a unos metros del camino, falleciendo instantáneamente.
La parte de la familia que ha sobrevivido a dicha violencia mortal, ha migrado a la Ciudad de México, pidiendo la ayuda de las autoridades federales, en su búsqueda de justicia, sin embargo, a decir por uno de los miembros a Revolución TRESPUNTOCERO, que ha preferido mantenerse en el anonimato, “no nos han hecho caso aquí tampoco, no somos nadie y parece que somos invisibles porque no nos ven, ni nos escuchan, estamos solos en la capital del país padeciendo una serie de problemas económicos principalmente, esperando que haya una respuesta a nuestro favor, pero eso cada vez se ve más lejano”.
Chilapa es hoy reconocido por gran parte de su población como uno de los principales feudos de las desapariciones forzadas, donde el día y la noche, los sitios privados y la vía pública, no son determinantes para llevar a cabo una ausencia forzada, ya que cualquiera, en cualquier momento puede ser una víctima, generalmente sin justicia y condenado a la revictimización.
A ‘Julio’, lo detuvieron de camino a su casa, eran más de seis hombres con el rostro cubierto, le ataron las manos y le metieron un arma en la boca, los que vieron lo que pasó aseguran que el grupo armado advirtió que eso podría pasarle a cualquiera, “somos la nueva ley”, gritaron, mientras subían al chico a una camioneta blanca, con vidrios polarizados.
Dos días antes el adolescente de 16 años, avisó a sus padres que dejaría de estudiar, se negaron porque sabían que el obstáculo era el dinero, pero no pudieron impedirlo. Su madre padecía un cáncer en el estómago y la familia necesitaba una entrada monetaria extra. Comenzó a trabajar en una tienda de abarrotes a la que acudiría de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche.
“Su madre murió sin volver a verlo, eso aceleró su partida, me pidió que ya no continuar con tratamientos, el dolor de perderlo la acabó más. Una tarde no volvió a casa, cuando salí a buscarlo eso me contaron, la policía me dijo que seguro ‘andaba en malos pasos’, ‘que mejor así, me habían hecho un favor’, ‘que mejor me olvidara de la mala hierba’, mi hijo tenía un buen promedio, quería ser médico, dejó todo para ayudarnos y las autoridades lo terminaron de hundir, un policía me dijo ‘nosotros no vamos a perder el tiempo buscando delincuentes desaparecidos por ajuste de cuentas’.
Al día siguiente nos amenazaron, que si seguíamos denunciando la desaparición de mi hijo a las autoridades, nos iban a matar, llegó un comando con rostros cubiertos y armas desenfundadas, cuando se iban nos dijeron que se lo habían llevado a trabajar para ellos, suponemos que hablaban del negocio de las drogas, dijeron que cuando ya no les sirviera lo matarían, que lo aceptáramos, esas palabras se las llevó mi esposa y yo seguí la búsqueda de mi hijo, quien es uno de los primero desaparecidos de manera forzada en Chilapa”, narra a Revolución TRESPUNTOCERO José, padre de la víctima.
Él no volvió a tener contacto con ninguna autoridad para la búsqueda, y ha implementado ‘la investigación de voz’, que relacionarse con vecinos de comunidades cercanas a zonas que pudieran ser claves para la ubicación de su hijo, porque asevera que el Estado solamente convierte a los inocentes en “los peores criminales”.
“Muchos hemos buscado solos, cubriéndonos las espaldas del crimen organizado, pero también de las autoridades que son los que le pasan la información de las familias que llegan a denunciar la desaparición de sus seres queridos. Yo no busco a mi hijo muerto, yo no cabo fosas, él tiene que estar vivo, cavar es aceptar que lo desaparecieron, torturaron y asesinaron extrajudicialmente”, comenta la fuente.
A inicios de abril, el gobernador priista Héctor Astudillo aseguró a familiares de desaparecidos en Chilapa, Guerrero, que al menos seis de los 16 desaparecidos, en un ataque que padeció la sociedad civil en mayo pasado, “están operando con grupos del crimen en la zona”, esto durante una reunión a puertas cerradas, que mantuvo el mandatario, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa y familiares.
Los medios de comunicación dieron a conocer dicha información como ‘definitiva’, situación que ha provocado la molestia de las familias que afirman que “no es suficiente con el dolor, ahora también se publica únicamente lo que dice un gobernador que no se ha interesado en nuestra grave problemática”, y es que según la explicación que da el vocero del grupo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, a Revolución TRESPUNTOCERO, “al terminar dicha declaración de inmediato le pedimos a Astudillo que nos presentara pruebas, fotografías y otros fundamentos que demostraran dicho afirmación, que incluso las familias estábamos de acuerdo que de ser así se les detuviera y se les hiciera pagar.
Sin embargo sus argumentos no se han presentando, no existe certeza que los hechos sean como él lo ha dado a conocer, por lo tanto al tomar solamente esas declaraciones, los medios contribuyen a que se criminalice a las víctimas sin fundamento, porque no se toman el tiempo de conocer la reacción de la otra parte en la historia”.
A decir por activistas de la región, la violencia en Chilapa se intensificó en 2008; “con la absurda declaración de guerra al narco en 2006, donde se le ‘combatía’ a balazos y no cerrando las llaves de su economía en bancos y bloqueando los nexos políticos y empresariales, las graves consecuencias para la sociedad civil se visualizaron en extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En ese momento los grupos de narcotraficantes comenzaron a expandirse, violentar a los habitantes y tomar la vida de quien desearan para convertirlos en sus trabajadores, escudos humanos o atemorizar a la comunidad. Se suma que las autoridades, algunas de las que no estaban coludidas con el crimen organizado, veían las denuncias como ‘un mito’.
Así se decidió no creer a las familias, revictimizar al agraviado y ver a quienes desaparecían como delincuentes que formaban parte de un ajuste de cuentas, esto no solamente sucedía en Chilapa, era parte de la estrategia a nivel nacional de Felipe Calderón. Pero puntualmente en aquella región, la presencia de civiles armados aumentó, no eran rumores o mitos, la gente estaba desapareciendo, a manos de esta gente que por las noches su sola presencia había provocado un toque de queda forzado”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la investigadora social Claudia Sauce, especialista en violencia comunitaria.
Asimismo comenta, que las autoridades mantuvieron la actitud de ignorar toda aquella violencia, por lo que escaló, sin embargo fue hasta tres años después que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se percató de lo sucedido en Chilapa y culpó a Zenen Nava Sánchez, alías “El Chaparro”, de la inseguridad, sin profundizar en las investigaciones de los Cárteles de la droga.
Chilapa, Guerrero, con aproximadamente 120 mil 790 habitantes, 147 comunidades, una cabecera municipal de al menos 31 mil 157 ciudadanos distribuido en más de 13 barrios y 200 colonias, padecía una incesante violencia con desapariciones forzadas que se habían convertido en ‘cotidianas’, todo aquello atribuido solamente a un hombre, ya que de acuerdo con la Agencia de Investigación Criminal (AIC),“‘El Chaparro’, de 30 años, poseía poder de relevancia pública, por ser líder de una célula delictiva al servicio del cartel denominado Los Rojos.
A finales de 2011, un diagnóstico realizado por el Cisen, tanto en Chilpancingo como en Chilapa, dio a conocer que el cártel de la Sierra, afín a los Beltrán Leyva, se había establecido en ambas regiones, cuando tres años antes, la población ya había alertado que en la segunda zona, había presencia de sicarios que operaban en el municipio al servicio de Los Beltrán Leyva.
“Después se establecieron como Los Rojos, los reportes de la PGR han informado que los hermanos Ramón y Mateo Nava Romero, así como Zenén Nava, son los líderes de dicho Cártel. El cual ha mantenido su presencia, según distintas versiones, por sus nexos con el PRI local. Siendo el mismo Chaparro, quien dijera que durante la campaña para alcaldía en 2011 en Chilapa, apoyó al PRI, principalmente a Francisco Javier García González, sin que esto se haya demostrado”, comenta Sauce, y agrega, que en aquella campaña electoral se denunció que, García González se vio favorecido en el resultado, luego que grupos armados llevaran a cabo robo de urnas.
En 2014, Los Rojos fueron enfrentados con mayor continuidad por otro grupo delictivo, nombrado “Los Ardillos”, cuyo bastión es el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, al sur de Chilapa. “Aquel año el segundo grupo delictivo le atribuía a Zenen Nava 30 desapariciones además de extorciones y asaltos. Así fue como la problemática de la desaparición de personas, fue innegable en Chilapa a partir de ese año, derivado de la disputa por el control de la Montaña baja entre Los Rojos y Los Ardillos, lo que dejó al finaliza ese periodo, un saldo de 101 desaparecidos y varios asesinatos (sin cifras exactas), según organizaciones, basados en testimonios que pueden ser la cifra negra que surgió por el miedo a denunciar ya que eso llevaría a la muerte de quien lo hiciera”, explica Sauce.
José Díaz Navarro, vocero de un grupo de más de 50 familias que buscan a sus personas desaparecidas ‘Siempre Vivos’, ha denunciado que entre julio de 2014 a mayo de 2015, la cifra de desapariciones pudo llegar a 200 casos, pero muchos de ellos no han sido denunciados, por lo que difícilmente se puede demostrar su existencia.
“Nosotros poco a poco fuimos conociendo situaciones de personas que estaban desapareciendo en Chilapa, pero no tenía nombres, tampoco forma de probar las desapariciones forzadas, cuando tuve cifras a las autoridades les parecieron ‘poco’ creíbles, sin embargo, después comenzamos a tener datos y nombres por medio de un estudio que realizó un antropólogo de la Universidad de Alabama, así pudimos comprobar lo que yo estaba diciendo, nosotros teníamos contabilizados más de 100 desaparecidos”, explica José Díaz Navarro.
El también maestro, inició este movimiento, luego de padecer la desaparición forzada de dos de sus hermanos, a quienes no volvió a ver. Él asevera que tiene en su poder un mapa de una casa en Quechultenango, donde cree que estuvieron sus familiares secuestrados. Dice que la información que ha obtenido, junto a otras familias, han sido solamente por la investigación que ellos han realizado, sin el apoyo de las autoridades. “Tenemos nombres, fechas, lugares, números de teléfonos, testimonios, pero nunca han servido de nada, más que para ir descubriendo como sucedió la tragedia, pero no cómo se solucionará”, comenta.
Como anteriormente lo dio a conocer Revolución TRESPUNTOCERO, el 26 de noviembre del 2014, después de una comida, los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro; su primo, Vicente Apreza García; y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, salieron con rumbo a la zona rural de Chilapa para realizar un levantamiento topográfico en una localidad en la que pretendían construir un plantel como parte del programa Escuelas de Calidad del gobierno federal.
Nunca llegaron a dicho destino. La investigación que ha realizado la familia, respaldada por testigos, da cuenta que el grupo fue interceptado por una camioneta blanca y unos hombres armados se los llevaron con todo y el vehículo. Luego de conocer los hechos, José Díaz Navarro denunció, seis horas después, y fue él quien entregó datos del GPS que tenía la camioneta a todas las autoridades que pudo.
Pero dicha información no fue usada por las autoridades, y asegura que al viajar a la Ciudad de México para buscar el apoyo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, las puertas con las autoridades locales se les cerraron, hasta la fecha, siguen sin recibir algún tipo de informe que dé cuenta de la investigación sobre el paradero de sus hermanos.
“A partir de mayo de 2015 nos constituimos como una agrupación y nos hemos dado a la tarea de ir documentando los casos para tener evidencias, y con base en eso pedir justicia, nuestra asociación tiene documentados 59 casos de desaparición forzada, en su mayoría tenemos nombres, relatos, fotografías, que hemos conseguido durante las reuniones con todos los familiares que piden ayuda.
Esto no se ha detenido, he seguido recabando información con las familias, testimonios que nos han podido documentar otros 39 casos, que hacen un total de 98 historias. Sin embargo se nos dificulta porque no somos investigadores, pero hay casos innegables como el padecido en mayo pasado, cuando un grupo delincuencial entró a nuestra comunidad valiéndose de la complicidad con las autoridades y levantó a 16 jóvenes, los hechos sucedieron frente a las Fuerzas Armadas, los delincuentes irrumpieron en Chilapa y en presencia del ejército, de la policía, de la gendarmería que es la Policía Estatal y la municipal, se llevaron a jóvenes en su mayoría, no los detuvieron, se hicieron cómplices, derivado de su no intervención”, comenta Navarro.
Semanas antes de aquel hecho, según narra a Revolución TRESPUNTOCERO, María del Carmen Abarca Nava, su hijo mayor fue víctima de ausencia forzada. Héctor Jaimes Abarca tenía 30 años al momento de su desaparición, era activista y antropólogo social, pertenecía a la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Guerrero en la ciudad Tixtla, también era colaborador del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en la ciudad Chilapa y de la Red de Antropologías Populares del Sur en México.
El miércoles 18 de marzo de 2015 se despidió de su madre para ir a realizar unos trámites a Chilpancingo, le aseguró que regresaría pronto y se comunicaría con ella en el transcurso del día, pasadas las 5 de la tarde, en aquel municipio el joven se despedía de su novia para regresar a su casa en Chilapa. Comenta que algunas personas lo vieron llegar a dicha ciudad en la terminal de las combis de la ruta en el Boulevard Eucaria Apreza cerca de las 7:30 PM. Fue en el trayecto de las combis a su casa, no mayor a 500 metros, que desapareció.
“Le marqué al teléfono pero ya no me contestó, seguí insistiendo, nada sucedió. Al siguiente día me movilice para buscarlo, fui a Chilpancingo, vi a todos sus amigos, me dijeron que hizo las diligencias y se había regresado a Chilapa. En su momento, aunque pedí ayuda, las autoridades no me ayudaron a buscarlo.
Hoy tengo a un abogado que le ha dado acompañamiento al caso, ambos hemos ido a Chilpancingo pero nos han negado el expediente, con la excusa que no lo tienen ahí, porque el investigador encargado del caso siempre lo trae consigo, sin embargo a un año no hemos sabido nada. Yo digo que están vivos todos los muchachos que levantaron en aquel periodo de 2015, si los hubieran matado nos hubieran entregado los cuerpos, como siempre lo hacen, luego de asesinarlos los tiran y los encontramos, pero mi hijo no está ni vivo ni muerto”, declara Abarca Nava.
Agrega que, Héctor colaboraba con los migrantes jornaleros que iban a trabajar a Estados Unidos y no les pagaban el sueldo acordado, “él les daba acompañamiento en los procesos y promovía los acuerdos para que les pagaran la liquidación”, dice la madre. El activista participó de 2008 a 2011 en la lucha de los cinco pueblos de Tecoanapa Mecatepec, Barrio Nuevo, El Guayabo, Tepintepec, El Carrizo y San Francisco por el ejercicio del derecho humano al agua. Una semana antes de su desaparición, dio a conocer a su familia que se había percatado de estar siendo seguido y pensaba que se debía a su trabajo en la realización de un video sobre el pan en Chilapa, ya que en algunas comunidades hombres le pidieron categóricamente no videograbar en esos lugares.
Semanas más tarde, entre el 9 y 14 de mayo es Chilapa se suscitó uno de los ataques recordados, como de los más violentos, en contra de la sociedad civil, por parte de un grupo armado que irrumpió en la comunidad, levantando al azar a jóvenes que caminaban por las calles. Las edades de los agraviados iban desde los 13 años, hasta los 30.
Aquel episodio, también le arrebató a María del Carmen Abarca Nava, uno de sus hijos, esta vez al menor, Jorge Jaimes Abarca, de 18 años. El muchacho trabajaba en una de las tortillerías de Chilapa, y aquella tarde del 12 mayo, su jefe le pidió que llevara un pedido al salón California, incluso lo trasladó al lugar y se despidieron ahí. Horas antes del hecho, ingresaron a la zona entre 300 y 500 civiles armados con rifles de asalto y escopetas autoidentificándose como “policías comunitarios” cuya presencia tenía que ver con la supuesta búsqueda de Zenén Nava Sánchez, líder de la organización criminal conocida como “Los Rojos”.
La mayoría de estas personas provenían de las comunidades del Jaguey, Ayahualulco, Tetexoxola, Tlalixtepec, Tlanixtlahuacán, Zacazonapa, Xilocotitlán, Buena Vista del Río, Coctenango, Vista Hermosa, Xiluxichicán y San Pedro, regiones dominadas por “Los Ardillos” la cual se encuentra relacionada de manera cercana con el político perredista, Bernardo Ortega Jiménez. “Ese día nuevamente entró un grupo armado, que usó justamente ese salón para negociar con las autoridades carros, dinero y otras cosas a cambio de detener su violencia. Mi hijo menor siempre llegaba a casa con mi yerno, pues trabajan juntos, sin embargo esa noche no llegó con él, eran aproximadamente las 7:30 de la noche cuando salimos a buscarlo, porque no respondía las llamadas y eso también comenzó a preocuparnos.
Su jefe me dijo que lo dejó en el salón y no supo más de él, fui al California, antes de entrar vi como un grupo de varios hombres armados comenzaron a salir del lugar, me asusté y decidí no pasar, pero le pregunté a uno de ellos, sino había visto a un joven, le dije sus características, me respondió que no y siguió su camino.
Al día siguiente fui a la comunidad de El Jagüey, a ver al comisario, ahí se encontraba un señor, que conocía a la familia y me dijo que, al estar encargado de uno de los retenes, vio como levantaron a mi hijo, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron, además recordó que usaba en ese momento un mandil rojo, de regreso a casa me encontré con los mismos comunitarios que entraron violentamente a Chilapa el día anterior, quise volver a preguntarles, pero ellos me preguntaron primero, qué hacía en ese sitio, por lo que les dije que había ido hablar con el comisariado y me dejaron seguir mi camino” narra, María del Carmen Abarca Nava.
La madre asegura que aquella tarde-noche cuando Jorge desapareció, los supuestos comunitarios, pactaron con los federales y militares, dinero y vehículos, pero nunca se habló de un trato para regresar a los jóvenes. A casi un año de la desaparición de varios jóvenes, las investigaciones sobre el caso siguen detenidas, sin que se sepa o no, si se le está dando seguimiento al hecho. María del Carmen atribuye esta demora, a una complicidad entre autoridades y delincuentes, estos últimos siendo los protegidos de los primeros. Agrega que de las más de 50 familias que conforman el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, a ninguna de ellas les han proporcionado información sobre lo que han investigado y descubierto las autoridades, con referencia a las desapariciones.
Con respecto a la problemática, el antropólogo y académico, Justin Coley, de la Universidad de Alabama, quien ha realizado estudios sobre desapariciones forzadas y violencia en Chilapa, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que las ausencias forzadas que se han suscitado desde 2008, con mayor intensidad en los últimos años, en dicha región, son muestra de la crisis humanitaria que está padeciendo el municipio guerrerense.
“Tiene las características de una crisis humanitaria porque existe un encuentro de la violencia, la falta de acceso a la justicia y la investigación para resolver crímenes, además del control casi completo de los grupos delincuenciales, lo que afecta en la calidad de vida de los habitantes que viven bajo el régimen de extorsión, secuestros, desaparición forzada, que penetra hasta los niveles más básicos de su vida cotidiana.
Lo confirmo porque he podido ver los rostros de las personas que ahora son familiares de víctimas. La violencia en Guerrero tuvo años notables de violencia después de 2009, sin embargo eran hechos completamente escondidos, los mexicanos en su mayoría desconocían las tragedias y solamente aquellos que investigan y escriben historias pudieron comenzar a poner en las noticias estos hechos, pero pocos lo hicieron. Aunque eso no significa que antes de los 43 no hubieran casos de desapariciones, extorsiones, y en general violaciones a derechos humanos” afirma Coleyn.
Quien afirma, que la sensación generalizada de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas es de frustración y decepción dado la falta de avances en la investigación de sus casos y la presencia continúa de miembros conocidos de la delincuencia organizada en la ciudad. A pesar de la paz momentánea desde que se instaló el operativo en enero pasado, los resultados esperados no se han producido.
A su vez, comenta que el principal factor social que provoca la desaparición forzada, según sus investigaciones, la percepción de las víctimas y activistas del grupo Siempre Vivos, es encontrarse en medio de un conflicto entre dos grupos criminales que disputan el control de la plaza de Chilapa, sin que se visualice un papel de protección real por parte de las autoridades locales, estatales y federales. “La instalación de la delincuencia organizada en la región no es nueva, pero el intento de parte del grupo Los Ardillos de expulsar Los Rojos de la plaza de Chilapa durante los últimos años explica en gran parte las tendencias de violencia como homicidios y desapariciones forzadas ya que cada grupo utiliza estos métodos para 1) tomar control de territorio nuevo, 2) comunicar su fuerza al grupo enemigo y 3) castigar a civiles que resisten los planes de los dos grupos”, explica el académico de la Universidad de Alabama. Y agrega, “la impunidad es la norma que sin duda permite que los grupos del crimen organizado, vuelvan a violar los derechos de la población”.
En tanto Navarro, señala que el operativo que dio inicio el 25 enero, derivado de la constante presión de parte del grupo Siempre Vivos, no ha tenido repercusión benéfica para la organización, porque hasta este momento no han tenido ningún tipo de informe que dé cuenta de los resultados acerca de las investigaciones sobre sus desaparecidos.
Asegura que ellos no habían podido salir a buscar a sus familiares que fueron víctimas de ausencia forzada a fosas clandestinas, como en otros casos sucede, “porque vivimos una violencia ininterrumpida, por ello, estamos peor que quienes sí pueden explorar y rastrear fosas, o investigar en otras comunidades cercanas, no habíamos hecho porque las amenazas de los grupos del crimen organizado que siguen operando son constantes, aunque tenemos información de ciertos puntos de la región, aún no podemos ir todos ellos, donde nos han dicho se encuentran nuestros familiares, quizás algunos todavía están retenidos, siendo forzados a realizar actos en contra de su voluntad”.
A partir de este jueves 12 de mayo la Brigada de Búsqueda Siempre Vivos dio inicio a una exploración, donde encontraron dos fosas clandestinas con restos humanos en el predio de nombre Loma Larga, ubicado en el camino que conduce al poblado de Tepehuixco, municipio de Chilapa.
Esto fue a medio día, cuando la brigada conformada por poco más de 30 personas, en su mayoría mujeres que buscan a sus familiares que fueron raptados en mayo pasado, localizó los puntos clave.
La Brigada dio a conocer que este viernes un grupo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero se dio cita en el lugar para acudió a verificar, y levantar los restos de las dos fosas, donde, se presume que podría haber 4 cuerpos, sin embargo también dieron a conocer que los peritos no levantaron todos los restos, dejando aproximadamente 70 huesos.
Durante los siguientes días los familiares integrantes de la Brigada continuarán la búsqueda en la misma zona, ya que aseguran tienen reportes de la existencia de más narcofosas, dando a conocer que en la misma zona han sido localizados al menos ocho cuerpos del año pasado a la fecha. La determinación de la exploración se da luego de la constante denuncia que las autoridades no han querido cumplir con la obligación de dar paso a una búsqueda exhaustiva.
Díaz Navarro ha asegurado que “las autoridades deben ser quienes cumplan con su responsabilidad, porque sinceramente nosotros no queremos seguir haciendo el trabajo que les corresponde a ellos, nosotros estamos en espera que el fiscal nos dé un informe 2014-2015, que son los años que mantienen el mayor número de casos de desapariciones, con un 90% del total de las denuncias, pero ni siquiera existe una fecha tentativa de entrega”.
Justin Coley opina que el hecho que sea la población civil quienes busquen a sus familiares desaparecidos y lo tengan que hacer cavando fosas, mientras que las autoridades no colaboran ni siquiera cuando se presentan evidencias, marca una descomposición del funcionamiento de instituciones básicas de una sociedad organizada bajo un Estado de derecho.
Además, el antropólogo social menciona que, otras de las mayores equivocaciones de las autoridades, es que dan por hecho que las víctimas de desaparición forzada tienen relación con el crimen organizado, ya que aun cuando las estructuras de extorsión extienden hasta los niveles más comunes y cotidianos de la vida social y laboral, y es probable que algunas víctimas – tal vez por necesidad o por voluntad – tenga una ‘relación’ con la delincuencia, existe un gran número de víctimas civiles (la mayoría) no involucrados con ningún grupo delincuencial, agrega, que a veces son víctimas precisamente por haber resistido un intento de reclutamiento por parte de un grupo criminal, o es al azar, y simplemente fueron víctimas accesibles en el momento para una estrategia comunicativa generalizada entre muchos carteles cuando dejan cuerpos asesinados y desmembrados en lugares públicos, con mensajes dirigidos a sus enemigos.
“Dicha violencia ha crecido por la falta de atención del Estado, ya que Guerrero es y ha sido por décadas una de las entidades más olvidadas política, social y económicamente, y la región de La Montaña una de las más pobres del país. La destrucción gradual de la economía tradicional preindustrial dejó la puerta abierta al cultivo de enervantes como alternativa a la migración. Es por ello que actualmente en la producción de amapola Guerrero está entre las áreas más importantes del planeta y como se trata de una actividad ilícita, las disputas sobre el control y manejo del comercio obviamente se tienen que resolver fuera de la ley. Está claro que la guerra contra el narco de Calderón resultó en la fragmentación de los carteles en el estado a partir del 2009. Por lo que todo indica que el aumento de violencia va de la mano con dicha fragmentación”, añade Coleyn.
Puntualiza que la desaparición forzada, puntualmente en Chilapa, al ser presentada en escenarios internacionales, trae como resultado que la percepción de muchos al enterarse sea la de mantener empatía con el dolor de un familiar al que le desaparecieron un ser querido, pero también existe un asombro ante la impunidad y la inexistencia de la justicia. En Chilapa, el “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”, no surge por primera vez en 2015, puesto que la desaparición forzada ha sido ejecutada como política de terror del Estado mexicano y ha sido un práctica continua en Guerrero desde hace más de 40 años, según estudios antropológicos, sociológicos y cifras de las mismas autoridades.
Los casos siguen siendo una constante y durante las dos primeras décadas del milenio siguen sin dar pie a una investigación profunda de los hechos por parte de las autoridades, aun cuando la presión de los organismos de defensa de los derechos humanos ha sido constante.
