Todos los días contamos historias que nos revelan la descomposición que dejaron los saqueadores del país. No existe asunto público que no haya sido asediado y asaltado por la corrupción.
La frase “el que no transa no avanza” no solo fue una premisa motivacional para algunos sino un método de ascenso vertiginoso para políticos y empresarios que se enquistaron en donde olfatearan con tino dinero público y donde pudieran utilizar el tráfico de influencias para amasar fortunas.
Por poner el ejemplo más reciente, apenas ayer la Comisión Federal de Competencia (COFECE) -que tras haber sido calificada como “florero”, por primera vez reacciona en mucho tiempo-, multó por más de 903 millones de pesos a diversas empresas por “coludirse en el mercado de distribución de medicamentos”. El daño calculado: 2 mil 300 millones de pesos. Aunque el daño a la salud es incuantificable.
Si esas empresas se coludían, como en muchos otros rubros, era con la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales, sin importar el daño social. La única guía era el reparto del botín.
Pero la corrupción y la rapiña de recursos públicos no fueron exclusivas de algún sector, sino un asunto generalizado. Lo mismo se robaban la gasolina, el diesel, el gas o los impuestos. Igual se llevaban lo hurtado en pipas clandestinas que en camionetas blindadas en las que viajaban fajos de billetes bien empacados que en lugar de parar en la hacienda pública iban a casas particulares o empresas.
Hoy es evidente que el presidente López Obrador va a contracorriente de ese régimen y sus actores protagónicos que generaron como vicio la corrupción.
El choque ha sido frontal. En el discurso y en los hechos. Si uno analiza las palabras de AMLO, pasando por sus tiempos de activista y opositor, existe un único hilo conductor: su obsesión contra la corrupción.
Recorriendo las plazas públicas de este país, el tabasqueño ha condenado como nadie, una y otra vez, las privatizaciones lesivas de Salinas y Zedillo; el Fobaproa y a personajes como Diego Fernández de Cevallos, que hicieron del Derecho y la aplicación de la ley, un pretexto elegante para el saqueo.
Por poner otro ejemplo de ésta lucha constante, el 12 de noviembre de 2017, López Obrador, como dirigente de Morena, declaró que para México era insostenible seguir pagando un costo tan alto por los arreglos oscuros del Fobaproa:
“Fue un saqueo. El llamado rescate bancario —no se rescata a los campesinos, a los empresarios, ciudadanos— costó 1 billón de pesos; han transcurrido 20 años y cada año se destinan de 30 a 40 mil millones para pagar intereses del Fobaproa y la deuda sigue igual”, sentenció.
Ya como presidente, apenas ayer, AMLO reconoció que se quedó corto en el diagnóstico que hizo, antes de asumir el poder, en lo que hace al tamaño del problema.
Y que de haber seguido el ritmo del endeudamiento anterior, México estaría vapuleado, en ruinas.
Pueden, o no, gustar las formas tan directas del presidente. Lo trascendente es que, a diferencia de los expresidentes más recientes, pretende ser parte de la solución y no del problema.
Son muchos miles de millones de pesos en juego para los que, de la noche a la mañana, perdieron jugosos negocios que tenían bien amarrados en la esfera pública. Por eso dichos grupos no solo están irritados sino ya dan señales de que, entre la sombras, planean su regreso para básicamente intentar hacer lo mismo.
Está claro que para algunos el problema no es de “reeducación”, pues no tienen la mínima intención de cambiar ni vivir de otra forma. Solo se les podrá mantener alejados del poder público mediante la participación en las urnas.
Por eso acotar la corrupción no significa nada más establecer controles y perfeccionar leyes. No solo es un asunto gubernamental, sino social El desafío es colectivo. La lucha contra la corrupción no puede depender de la voluntad de un solo hombre, de lo contrario millones de mexicanos y mexicanas habremos perdido.
