La Policía Federal durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto pagó más de 800 millones de pesos por patrullajes en carreteras y vigilancia en las instalaciones prioritarias que nunca se hicieron.
De acuerdo con La Crónica, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló inconsistencias e irregularidades en la operación del último año de la Policía Federal (2018), particularmente la contratación de policías auxiliares del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México para patrullar carreteras y vigilar instalaciones prioritarias.
Sin embargo, no hubo evidencia del cumplimiento de las tareas comisionadas a la institución pero sí se pagaron 801 millones de pesos.
El rotativo señaló que se habría adquirido equipo y software de escucha telefónico a sobreprecio, inservibles y que además permitían realizar actividades para las que se hubiera requerido una orden judicial.
Dichas inconsistencias equivaldrían a un probable daño o perjuicio a la Hacienda pública por más de mil 600 millones de pesos.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 801 millones 877 mil pesos por no acreditar que los servicios pactados en el Convenio número PF/SG/DSR/CTO/C/001/2018 con el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México hubieran sido prestados, toda vez que no se cuenta con evidencia de los elementos que participaron en dichos servicios, ante la falta de las bitácoras o reportes de supervisión correspondientes”, estableció la ASF.
Además, no se justificó la necesidad de contratar a una corporación policial y menos que la corporación contratada demostrara que contaba con capacidad técnica y material, conocimiento, profesionalización, experiencia, herramientas y equipo.
