Proyecto Diez / @ProyectoDiez
(10 de mayo, 2014).- Desde que Enrique Peña Nieto entró a la presidencia ha impulsado una serie de reformas justificándolas con el discurso de modernizar al país y atraer el desarrollo. Hace unos meses, una de las más controvertidas y delicadas ante el debate público fue la Reforma Energética. Su aprobación en ambas cámaras representativas pareció darle un cierre un tanto amargo al tema y la apretada agenda legislativa, misma que tiene en su haber la aprobación de otras reformas como la política o de telecomunicaciones, han desviado un poco la atención del tema.
Sin embargo, con la próxima discusión de las Leyes Secundarias para la materia energética se abre nuevamente la discusión de qué tan óptima es esta reforma para el país y la población.
Uno de los temas que resultó más polémicos fue la apertura de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la inversión extranjera; esto con el propósito de impulsar la extracción y producción gas natural.
Si bien mucho se ha argumentado acerca de cómo este punto representa un revés a la expropiación petrolera, resulta a mi parecer igualmente alarmante el discurso con el que el gobierno buscó impulsar esta reforma. Afirmó que dicha empresa no contaba con la capacidad necesaria para explorar pozos petroleros más profundos y que no estaba generando el gas natural suficiente para la población mexicana, por lo cual era necesaria la inversión transnacional.
Esta versión fue endulzada aun más con la promesa de la creación de nuevos empleos para los mexicanos. Aunque, en efecto, estas promesas se podrían cumplir, es importante preguntarse a quién beneficiarán realmente si no hay las debidas regulaciones.
¿A qué me refiero? De ser las empresas extranjeras las que se encarguen de extraer nuestros recursos, una gran parte de la ganancia irá a los bolsillos de los inversionistas o empresarios y no realmente al de los mexicanos. El beneficio para nosotros se vería a través de la creación de empleos, pero cuáles serían los trabajos disponibles para mexicanos. Muy probablemente habrá pocos puestos para cargos directivos y muchos de los nuevos empleos serán de mano de obra u obreros.
Siendo así, si comparamos lo que las compañías multinacionales ganarán contra el sueldo de estos nuevos empleos (más lo que desembolsamos al gobierno con el pago de impuestos), no hay beneficio real.
Además, planteemos que el crecimiento del Producto Interno Bruto proyectado para 2018 y 2025 es de 1% y 2% respectivamente. Sin ahondar en un análisis económico, incrementar el PIB no necesariamente es sinónimo de mejor calidad de vida para la sociedad.
Lo que se necesita es que el ingreso de nuestros hidrocarburos caiga en manos mexicanas y no en las de empresas multinacionales, funcionarios públicos (a veces hasta líderes sindicales) y uno que otro empresario mexicano.
¿Cuál podría ser una alternativa a la propuesta del gobierno? Si el problema es que México actualmente no cuenta con la capacidad para realizar exploraciones más profundas, por qué no invertir en crear dicha capacidad a nivel nacional. Darles la oportunidad a jóvenes ingenieros o científicos para que desarrollen las tecnologías necesarias. Lo mismo para egresados de Comercio y empresarios que puedan manejar la industria.
Tal vez este modelo requiera un poco de inversión extranjera, pero ultimadamente serían mexicanos quienes aprovecharían nuestros recursos para fortalecer la industria nacional. Pero ésta no es una realidad ni hay indicios de que esté cerca de serlo. Más allá de la justificación para la nueva reforma, lo que veo es un gobierno con poco interés por invertir en su población y eso resulta muy grave, pues fractura aún más la relación que existe entre la sociedad y nuestras autoridades.
Además, nos volvemos más depedientes de otras economías en lugar de fortalecer la nuestra. De no hacerlo, modernizar al país, entonces, implicará regresar a condiciones como las que se vivieron durante la época del Porfiriato, donde las empresas extranjeras controlaban gran parte de la industria nacional y la ganancia de ese progreso se quedó en las manos de unos cuantos. Ninguno de los beneficiados fueron obreros mexicanos.
Si lo que se busca realmente es la modernización y el progreso del país, sería relevante incluir políticas que promuevan el desarrollo de tecnologías sustentables. En América Latina, según el avance de los Objetivos del Mileno, urge impulsar medidas energéticas que sean sostenibles. La reforma energética debió ir más allá de las regulaciones hacia PEMEX, la inversión en el sector petrolero y la materia eléctrica.
Urge que adoptemos fuentes energéticas más verdes y las implantemos en el uso diario. El daño ecológico a nivel global lo requiere, pues no es ninguna exageración cuando se afirma que recursos, como el petróleo, se están agotando. Esta reforma pudo haber sido una gran oportunidad para introducir a México en el tema de la sustentabilidad energética y quizás hasta fungir como guía o líder en Latinoamérica. Y si es que ya se están llevando a cabo proyectos para desarrollar fuentes de energía alternativas y renovables, ¿por qué no promocionarlas, por qué no incluirlas en la reforma energética? No dudo de su existencia, ni siquiera de su legitimidad, pero me pregunto qué falta para que se les de la importancia requerida.
No es que me oponga a la modernización y el progreso de México, o que considere que las autoridades no sepan hacer su trabajo y las reformas sean inservibles. Ninguna de las anteriores. Sin embargo, sí creo que a los funcionarios (de cualquier nivel) muy seguido se les olvida que su trabajo es servir a la sociedad: ver por nuestros intereses y beneficios, no ver por aquellos de otros países o el sector privado.
Espero que las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, próximas a darse a conocer y debatirse, incluyan regulaciones para que la industria de hidrocarburos de nuestro país beneficie de una u otra manera a toda la población mexicana y no sólo al sector privado extranjero.
