- El proyecto propone declarar infundado el impedimento y permitir su intervención en el debate constitucional, al considerar que la participación de servidores públicos provenientes de distintos ámbitos forma parte del diseño institucional del Estado mexicano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto para determinar si la ministra María Estela Ríos González puede participar en el análisis del expediente relacionado con la prisión preventiva oficiosa, luego de que se solicitara su impedimento por su anterior desempeño como consejera jurídica del Ejecutivo federal.
El planteamiento, elaborado por la presidencia del máximo tribunal, sostiene que haber ocupado cargos públicos previos no constituye por sí mismo una causa para considerar comprometida la imparcialidad de una persona juzgadora, al no existir evidencia objetiva de interés personal en la resolución del asunto.
La recusación fue presentada por promoventes vinculados a un caso revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento deberá definir la forma en que el Poder Judicial aplique la medida cautelar en el país.
En su respuesta, la ministra argumentó que sus posicionamientos anteriores se emitieron dentro de atribuciones institucionales y en asuntos distintos al expediente actual, además de haberse realizado antes de que existiera la sentencia internacional relacionada.
El proyecto propone declarar infundado el impedimento y permitir su intervención en el debate constitucional, al considerar que la participación de servidores públicos provenientes de distintos ámbitos forma parte del diseño institucional del Estado mexicano.
La resolución será relevante para definir los alcances de la medida cautelar en el sistema penal y la manera en que el país armoniza sus normas con estándares internacionales, en un proceso que involucra coordinación entre poderes y cumplimiento de obligaciones jurídicas del Estado.
