(30 de octubre, 2015).- En el segundo piso a la izquierda, en la Fiscalía General del Estado, lo torturaron durante horas para provocar que se auto inculpara y aceptara que era “el segundo mando del Cártel de Sinaloa”, incluso le pusieron alias “El Duende” y “El Pepillo”.
Este miércoles estando frente a un Tribunal de Garantía, Fernando Ramírez Domínguez, el inculpado, narró que fue la llamada “Tropa Loca”, un grupo de policías violentos quienes lo detuvieron arbitrariamente y lo torturaron. Para ello exhibió en el lugar las lesiones que estarían respaldando su testimonio, las cuales mantiene en la parte baja de la espalda, derivadas de quemaduras y cortadas.
Según datos de los organismos defensores de Derechos Humanos, contactados por Revolución TRESPUNTOCERO, el hombre de 39 años declaró, “no hice nada para que me detuvieran. Me llevaron a la Fiscalía a la una de la mañana; a las ocho de la mañana del día siguiente los ministeriales comenzaron a torturarme, cuando entré me hincaron, me pusieron un trapo en los ojos y cinta adhesiva, me tumbaron de una patada en el pecho, me pusieron la cinta adhesiva también en las rodillas y los pies, me pusieron un trapo con agua en la boca, después una bolsa y después plástico celofán”.
Fernando contó que fue trasladado al segundo piso de la dependencia a un área donde permaneció durante ocho horas, mismas en las que fue sometido a tortura física y psicológica, por medio de insultos y golpes en distintas partes del cuerpo, asfixiándolo de distintas formas e intensidades, pues lo amenazaron que de esa forma iba a morir si no se auto inculpaba.
Fernando Ramírez fue culpado, el día de su detención, de su participación en un asesinato, donde la víctima recibió impactos de bala en el tórax y murió al sufrir una laceración en la aorta torácica, según informes del fiscal.
El caso anterior forma parte de los más de 125 documentados por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, sucedidos en Ciudad Juárez, los cuales han denunciado tortura por parte de agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes fuerzan a los detenidos, con extrema violencia física y psicológica, a auto inculparse, por el delito que ellos les asignen.
Las consecuencias para muchas de las víctimas han sido afectaciones en distintos órganos o pérdida del oído; brazos salidos, costillas quebradas, quemaduras en diferentes partes del cuerpo principalmente en genitales, ya que buscan siempre infligir el máximo dolor.
El Director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Oscar Enrique Pérez, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que los distintos delitos imputados, han sido resultado de poco más de 125 víctimas de tortura, que durante horas han padecido extrema violencia física y psicológica, “existen diversos ejemplos, hay casos en los que se han acusado de extorsión a los detenidos y han sido obligados a declararse culpables, porque sí, en Ciudad Juárez se sigue practicando en forma sistemática la tortura, principalmente por parte del sistema policiaco”.
Pérez señala que aun cuando existen están denuncias, muchas más se quedan en el anonimato, lo cual solamente es a causa del miedo y temor a la represión, ya que las familias que se atreven a interponer denuncias por tortura son hostigadas por las policías, tanto la ministerial, como la municipal.
“Uno de los casos emblemáticos, es el del coche bomba, donde cinco jóvenes fueron acusados de hacer estallar un carro en 2010, ellos tuvieron que pasar tres años en la cárcel, mientras eran torturados en Ciudad Juárez, después torturados en la SEIDO y torturados en las cárceles federales.
Después de tres años se logró que se les aplicara el protocolo de Estambul de manera independiente, aunque finalmente hoy los cinco están libres, son sobrevivientes de tortura. Lo cual significa que siguen intentando librar un obstáculo más, al que se enfrentan todas las víctimas de tortura: la lucha por la reparación de los daños y sobrevivir, sin que las policías cumplan sus amenazas”, comenta Pérez.
Debido a que los procesos son muy lentos, sin los caminos jurídicos adecuados, los hostigamientos y amenazas hacia quienes presentan las denuncias, hacen que muchos terminen por retirarse y desistirse de la búsqueda de justicia y es que las policías siempre se enteran rápidamente cuando las demandas penales ya fueron interpuestas en su contra.
Es por ello que allanan casas y amenazan de muerte, durante distintos momentos de la vida cotidiana de la sociedad afectada. “Este tipo de hechos a la par de la tortura, que se han intensificado en los últimos años, y han persistido por la impunidad la cual no es castigada, ya que los implicados en este tipo de casos son protegidos por el Estado.
Entre otras cosas porque no se permite la creación de una ley general de tortura a nivel nacional, todavía hoy cuando los chicos declaran que han sido víctimas de tortura los jueces no prestan la atención debida a estos testimonios, incluso no lo hacen teniendo las pruebas.
Entonces si no hay quien los defienda prevalece el testimonio de los policías, el cual parece tiene más valor e importancia que el de las víctimas, aun cuando en muchas ocasiones se han exhibido las cicatrices o heridas recientes, como resultado de la tortura. La cual es evidente, desde el momento en que se dan las detenciones arbitrarias, sin orden judicial, además que los detenidos no son entregados inmediatamente a la Fiscalía, la realidad es que cuando pasa mucho tiempo antes que llegue hasta ahí, es porque durante todo ese tiempo, entre la detención y la entrega, perpetraron largas horas de distintas formas de tortura física y psicológica”, asegura Pérez.
El Centro Paso Norte, ha dado a conocer que de acuerdo con un seguimiento a las quejas, con frecuencia los detenidos han denunciado en sus respectivas audiencias, malos tratos, amenazas, el uso de la chicharra para quemarles zonas genitales y todo tipo de prácticas de tortura por parte de elementos policiacos de todas las corporaciones, incluso han llegado a perder el miedo de volver a ser hostigados, y se han quitado la ropa para exponer sus cicatrices de espalda y estomago, con frecuencia.
Incluso las mujeres han perdido el miedo y han denunciado tortura sexual, la primera víctima en hacerlo fue Cristel Fabiola Piña Jasso, quien como lo documentó anteriormente Revolución TRESPUNTOCERO, fue acusada de extorsión después de ser dañada física y sexualmente durante horas.
Así como el caso de Norma Marisela Pulido, quien fue detenida por, según la policía, intentar asesinar a dos agentes de la Policía Ministerial, sin embargo ella denunció haber abortado el bebé que esperaba por los golpes que recibió, por parte de los integrantes de esa dependencia.
Lo que denota que cada vez más, en Ciudad Juárez, las víctimas de tortura han hablado ante los juzgadores y expuesto los casos de tortura, aun cuando siguen amenazados que si hablan volverán a ser afectados física, sexual y psicológicamente. Lo que ha provocado que algunos procesados logren ser exonerados al determinar tribunales de Juicio Oral que las pruebas obtenidas por las autoridades fueron a raíz de las violaciones a derechos humanos.
