Laura Beristain, alcaldesa del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ha concordado con el Presidente Andrés Manuel en una de sus máximas, que el agua es un derecho para todos los ciudadanos y que ésta no debe ser concesionada ni privatizada por ninguna empresa.
“El agua es un derecho humano, no un negocio, y debemos garantizar un agua saludable.
¡Fuera las concesiones!”, expresó la alcaldesa.
Tales declaraciones de la funcionaria vienen luego de que desde el 2014, el entonces gobernador priista, Roberto Borge, haya empezado una ofensiva para privatizar el agua de los municipios de Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad.
La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) también conocida como Aguakán sería la beneficiada, con una ampliación de su concesión hasta el año 2053.
La mencionada empresa es subsidiada por Grupo Mezicano de Desarrollo, un influyente corporativo de la entidad y que es presidido por Jorge Ballesteros Franco.
Para el 18 de diciembre del 2014, tanto el gobernador, ahora encarcelado por nexos con el crimen y los ahora ex alcaldes de los mencionados municipios junto a los diputados locales, aprobaron la concesión para Aguakán la cual sería por un monto de mil 50 millones de pesos.
En pleno 2020 y bajo la nueva administración y congreso han tratado de legislar una ley de aguas tal como la propone AMLO y Morena para que el agua sea del pueblo.
Sin embargo el legislador morenista, Feliciano Flores Anguiano ha optado por dejar la actual ley, mientras que alcaldes, conscientes de los derechos ciudadanos, como Beristain, han expresado su descontento y exigen la cancelación del millonario negocio en el que solo perderán los mexicanos.
