El proyecto de dictamen de la ley de austeridad “busca acabar con los excesos y el despilfarro del gasto público. Entre sus medidas está prohibir la compra o renta de vehículos de lujo y las contrataciones de seguros en beneficio de los funcionarios”, señala en su objetivo.
Indica que “las dependencias federales están obligadas a acatar la ley para combatir la desigualdad social, la corrupción y la avaricia de los bienes y recursos nacionales a fin de hacer eficiente el gasto público”.
La norma que se pretende aprobar este lunes en las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto, para presentarla mañana ante el Pleno de la Cámara de Diputados, también aborda “un uso responsable, eficiente y eficaz del erario, salvaguardando el patrimonio del Estado”, informó Reforma.
“Esta ley tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal para coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución.
“Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, darán cumplimiento al presente ordenamiento de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de ellos”, cita la propuesta del primer artículo de la ley.
Como medidas de austeridad “se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo o cuyo valor supere los 366 mil pesos para el transporte y traslado de los servidores públicos”.
Además, los vehículos oficiales “solo podrán destinarse a actividades públicas prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población”.
La ley prohíbe la compra o renta de equipos y sistemas de cómputo en el primer año de cada inicio de administración del Ejecutivo federal, así como las contrataciones de seguros –como los de separación individualizado o cajas de ahorro– en beneficio de los funcionarios con recursos del Estado, señaló el mismo medio.
“No se realizarán gastos de oficina innecesarios. Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo; también se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, internet, gasolinas e insumos financiados por el erario”, señala.
Establece que los funcionarios de alto mando y de confianza deberán trabajar de lunes a sábado, en los términos y condiciones que fije la normatividad correspondiente.
El proyecto indica que “durante cada ejercicio fiscal no se autorizarán ampliaciones presupuestarias al gasto destinado a publicidad y los incrementos anuales en ningún caso excederán el porcentaje de la inflación”.
