(17 de enero, 2014).- El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Diaz, explicó que aún queda terreno por recorrer en materia de Derechos Humanos dado que, en lo que respecta al ámbito jurídico, es necesario empezar por evaluar el grado de profesionalización, iniciando con las instituciones que expiden los títulos: “Si no se reflexiona en que los abogados pueden convertirse en un vehículo para el desarrollo de los derechos humanos, este desarrollo puede tardar muchos años. Del lado de los abogados tenemos muchos problemas con los derechos humanos, los seguimos considerando como un objeto de culto y no como algo que debe ser operativo”.
Constantemente se habla de la importancia de los derechos humanos, de su naturaleza y su tipología, sin embargo, esto resulta insuficiente si no se logran “operativizar jurídicamente”. A pesar de que todos los actores políticos toman postura a favor de ellos, este respaldo no se ha cristalizado en resultados concretos. Hasta ahora la tarea ha tenido que recaer en las Organizaciones No Gubernamentales, las cuales han sido persistentes en la defensoría de casos y situaciones de agravio, pero esta labor se ve opacada por la poca profesionalización de los abogados y su falta de instrucción en derechos humanos.
En el marco del ciclo de conferencias magistrales “México ante sí mismo: Escenarios y encrucijadas” organizadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el profesor del ITAM indicó que “los Derechos humanos en tanto objeto jurídico sí tienen que transformarse”. Por lo que consideró importante realizar “investigación al respecto para la construccion de una vida democrática, para que la profesión se vaya reconstituyendo y se pueda contribuir en la vida social”.
En cuanto a la Ley de Geolocalización, avalada el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cossío Díaz, quien, junto con Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls, fue uno de los ministros que votó a favor del proyecto que considera inconstitucional dicha ley, opinó que la misma “tiene una irrupción en el ámbito de los derechos humanos, toda vez que transgrede el derecho a la privacidad”.
La ley mencionada ha sido tema de discusión ya que permite a las procuradurías ordenar la geolocalización de los teléfonos celulares que estén relacionados con delitos graves como la extorsión, el narcotráfico y el secuestro, en tiempo real y sin autorización o solicitud previa de un juez a los concesionarios de telecomunicaciones. Para los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, esta medida es constitucional dado que es imperativo que la PGR pueda realizar su trabajo, además afirman que sólo se podrá recurrir a esta en casos de “extrema urgencia”.
Sin embargo para José Ramón Cossío la facultad de geolocalización va en contra de lo que dicta la Constitución “toda vez que el artículo 16 establece un derecho a la privacidad y que cuando la Constitución —en la técnica que ha seguido el constituyente mexicano ha buscado que se puedan realizar algpun tipo de intervenciones sobre la privacidad de las personas– ha establecido que eso requiere una autorización judicial previa, entonces a mí me parece que eso es contrario a lo que prevé la propia constitución”.
