(05 de febrero, 2015).- De aprobarse la ley de transparencia el próximo 7 de febrero, sin modificación alguna, cuando un ciudadano pida información sobre avances en casos de desapariciones forzadas o los gastos de algún funcionario público, y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) decida otorgarla, pero la Procuraduría General de la República (PGR) o la dependencia a la que le competa entregar los datos, afirme que la aportación de dicha información afecta la estabilidad económica del país, entonces habría una sanción para el IFAI.
Lo anterior provocaría que los funcionarios del IFAI previniendo algún tipo de sanción, no aporten los datos, porque podrían, por ejemplo, poner en riesgo su situación laboral. Otro motivo de sanción para dichos funcionarios, se daría si los reportes expuestos, son considerados por la institución, sindicato u órgano de donde provinieron, un daño u ofensa.
El año pasado, el Senado de la República invitó a organizaciones y especialistas para el análisis de las modificaciones a la ley de transparencia, buscando afianzar una ley secundaria que obligara a cumplir la principal. Fueron más de 200 horas de trabajo en las que colaboró el Colectivo por la Transparencia, integrado por México Infórmate, Artículo 19, especialistas en el acceso a la información y la Red por la Rendición de Cuentas, todo ello para brindar la especialización que se requiere para proteger el derecho a la información y la transparencia.
Sin embargo explica Gabriela Morales, integrante de México Infórmate, “justamente la noche antes de presentar la iniciativa, se incorporaron disposiciones sumamente regresivas, sin consultar a nadie de los participantes externos; éstas consisten en poder reservarse información cuando afecte la estabilidad económica, lo que da al traste con cualquier pretensión que pudo tener la Reforma Constitucional, porque según el criterio propio cualquier solicitud la pueden negar, alegando que afecta ese rubro, casos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa o los desaparecidos de Calderón quedarían en completo secretismo”.
Afirma, “se excluyó de la discusión a la sociedad civil, y se dio inicio a la promoción de una propuesta inservible, y de hacerse realidad, sería la reforma más regresiva, incluso peor que la del 2002. Hoy se busca reservar información de violaciones graves a derechos humanos, es por ello que urge exigir al Senado que sean congruentes, porque no puede existir democracia sin demócratas y ellos no han actuado como tales, no están protegiendo a la sociedad, sino están resguardando intereses de la clase política del partido en el gobierno, ellos ya no son un contrapeso de poderes, son los defensores de Peña y su gabinete”.
Ana Cristina Ruelas, representante del Colectivo Transparencia, comenta “la ley de transparencia es un logro de muchas organizaciones que hemos hecho presión desde 4 años atrás, se ha ganado una amplia promoción del derecho de acceso a la información y mecanismos de asistencia para poblaciones en situación de vulnerabilidad, también contamos con una plataforma nacional que en vez de recurrir a 33 mecanismos para solicitar información de los distintos estados, todo se encontrará en una misma plataforma, al igual que las obligaciones de transparencia de todas las entidades gubernamentales, a su vez generará que el proceso sea más eficiente y la información más accesible”.
Y comenta “parecía un logro gigantesco digno de celebración, que la información relacionada a violaciones graves a Derechos Humanos, o a delitos de lesa humanidad, aun cuando no haya pronunciamiento previo de alguna autoridad, respecto a los mismos, si existe la posibilidad o presunción de que estos hechos sean relacionados con delitos, entonces el organismo garante tendría que ordenar su apertura, y en caso de que ya exista una declaración previa, la comisión nacional de los derechos humanos tendría que publicar todos los datos relacionados con la problemática, los actores involucrados y las omisiones del estado”.
Sin embargo “artículos como el 208, que versa ‘será causa de sanción imputable a los servidores públicos de los organismos garantes revelar indebidamente datos confidenciales o información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños o perjuicios a los sujetos obligados’, nos hace confirmar que seguimos frente al yugo del poder ejecutivo y éste se sigue burlando del país”, agrega Ruelas.
Según el abogado Alexander Córdova Bañales, especialista en transparencia y acceso a la información, “el objetivo de esta ley consiste en poner en una caja de cristal el ejercicio y desempeño de la autoridad gubernamental, los artículos que se modificaron sin previo aviso y de emergencia, obliga a las entidades públicas a no informar a la comunidad cómo actúan y toman sus decisiones, en qué gastan sus recursos y qué enfoque dan al ejercicio gubernamental, finalmente es pura protección al gobierno e incluso a su familia”.
Córdova Bañales asegura “un país en el que el 60% de los ciudadanos le tiene poca o ninguna confianza a los Senadores; una sociedad en la que más del 66% de sus miembros afirma que existen sociedades secretas que conspiran para tomar o conservar el poder; no podría considerarse democrático, porque el poder, su comprensión y su dinámica, está lejos de considerarse cosa útil y transparente, era eso lo que instaba a promover una ley con la visión que los representantes de la sociedad civil (Colectivo por la Transparencia) aportaron, beneficiando a los ciudadanos o visto desde otro punto, demostrándoles que no hay nada que esconder”.
“De aprobarse la nueva ley de Transparencia, también podremos llamarle la ley mordaza, porque puede generar que ante la duda razonable los servidores públicos eviten orientarse hacia la apertura de información. Ahí está el obstáculo que provoca la restricción de información, además es una inminente inhibición a los órganos garantes de fungir con autonomía, anexado a esto el cambio en la ley beneficia al gobierno federal quien tiene ya muchos ejes para investigar, desde las desapariciones forzadas, hasta las propiedades de Peña Nieto, pero ahora más que nunca se le deja libremente saquear al país”, asegura Córdova Bañales.
Por su parte el senador Alejando Encinas expresa “el repentino cambio y desaciertos en las leyes secundarias que darán soporte a la Ley de Transparencia, es una estrategia de protección que tiene como objetivo bloquear cualquier argumento para darle seguimiento a los ya constantes escándalos de Peña Nieto y sus propiedades, como la casa blanca. Era lógico que su partido saliera a su defensa, porque de aprobar esta ley, tendrá la obligación de publicar su declaración patrimonial e ir más allá en busca de cualquier explicación”.
