(05 de junio, 2014).- La promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, fue la consecuencia inmediata de la tragedia de la Guardería ABC, donde tras su incendio el 5 de junio del 2009, perdieran la vida 49 niños y niñas, y decenas más quedasen gravemente heridos.
Sin embargo, a pesar de la promulgación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación, su homologación en los distintos estados de la República, sigue ausente.
Promulgada el 10 de octubre del 2010, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil –o mejor conocida como Ley Cinco de Junio-, buscó legislar las demandas de los familiares de las víctimas de la Guardería ABC, tratando de impedir que una tragedia como aquella, considerada la mayor tragedia infantil en México, volviera a ocurrir.
En su artículo primero, la legislación establece que es “de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos”.
Sin embargo, a pesar de establecer su carácter nacional, la Ley ha sido ignorada más de tres años después de su publicación al no homologarse en los distintos estados de la República.
Padres de familia han señalado que en estados como Puebla, Jalisco, Yucatán, Baja California, y el Estado de México, han buscado implementarla, sin embargo, en algunos casos los proyectos “de avanzada” jurídica, han sido cercenados al momento de aprobarse.
Actualmente, los padres han señalado que se busca tener incidencia en la legislación de Tabasco, Guanajuato y el Distrito Federal para que se homologue la Ley Cinco de Junio en estos estados de manera exitosa o bien, sustantiva, como se logró implementar en Sonora.
Para los familiares de los niños y las niñas víctimas del incendio en la Guardería ABC, el seguimiento e implementación de la Ley 5 de Junio es uno de los ejes principales en la búsqueda de justicia de las 49 víctimas y las decenas de herido, pues a decir del Movimiento 5 de Junio A.C., “conlleva la no repetición de una tragedia similar a la ocurrida en Hermosillo, Sonora”.
La Ley Cinco de Junio se compone de 18 capítulos que contemplan desde políticas estatales en materia de prestación de servicios y distribución de competencias, hasta la creación de un Consejo, un registro de modalidades y tipos de centro de desarrollo incluso para niños discapacitados.
“En avances tenemos conocimiento que el Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], ha estado en proceso de actualización de sus normas de operación. De igual forma participando en reuniones del Consejo que establece la Ley General presidido por la Secretaría de Salud, teniendo dicho consejo multi-sectorial en curso el registro nacional y un diagnóstico del estado que guardan los diferentes Cetros de Cuidado Infantil”, señalaron días atrás los miembros del Movimiento 5 de junio.
Hasta el momento, queda en espera que se haga pública la información sobre porcentajes de avance de tal registro y diagnóstico de las estancias infantiles, ya que aseguraron, resulta fundamental para que usuarios de las estancias, académicas, asociaciones civiles y universidades tengan mecanismos de participación para su monitoreo y mejora.
Por ello, los padres de los y las niñas víctimas del incendio en la Guardería ABC, han optado por fomentar una campaña de homologación de la legislación federal con las estatales, además de entregar una serie de documentos a la Procuraduría General de la República y a la Presidencia donde buscan que las investigaciones dictaminen que sí fue un incendio provocado.
La Ley Cinco de Junio establece que la aplicación de la misma corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, a los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los Municipios, así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias.
En su búsqueda por regular las estancias infantiles del sector público y privado implementando la Ley a nivel estatal, los padres de familia visitaron el estado de Guanajuato el pasado 26 de mayo, donde entregaron una propuesta a la diputada Erika Arroyo Bello, vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, para que ésta la promueva ante el Congreso local.
El próximo 5 de junio se cumplirán 60 meses de la tragedia, “cinco años, 60 meses de buscar y exigir justicia y luchar con la misma entidad que debería ser la encargada de procurar la justicia”, señaló uno de los padres durante su estancia en Guanajuato.
Para José Francisco Quintana, presidente del Movimiento Cinco de Junio A.C., en su búsqueda contra la impunidad en la tragedia también buscan “que se vuelva realidad la aplicación de esta ley y que no quede sólo en una buena ley publicada”, sin embargo, a decir del mismo, de manera lamentable “el día de hoy el Estado mexicano y el gobierno en turno –no hizo lo propio el anterior tampoco- ha mostrado un desinterés en nuestra primera infancia”.
