(19 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En las últimas fechas el tema de recuperar la memoria e indagar en los hechos ocurridos en el pasado, donde el Estado se ha visto involucrado por cometer violaciones a los derechos humanos, ha tomado intensidad. Esta situación se debe, entre otras cosas, a que gracias al caso Ayotzinapa se ha podido voltear la atención a un tema que ha estado presente e invisibilizado desde hace varias décadas en el país: la desaparición forzada y la violencia contra grupos opositores al gobierno.
En este tenor de retomar el pasado, diversos investigadores han demandado que se ha puesto en marcha una estrategia por parte de las autoridades para impedir el acceso libre y directo a la información contenida en los documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), instancia encargada de perseguir a la disidencia en la llamada guerra sucia en México.
Estos archivos fueron desclasificados desde el 2002 y enviados al Archivo General de la Nación (AGN) para que pudieran ser consultados por cualquier persona que estuviera interesada en conocer más sobre lo acontecido en la guerra sucia mexicana, desarrollada entre los años 60 y 80.
No obstante, a pesar que por 13 años han estado abiertos al público, hoy en día los encargados de resguardar esta documentación han decidido cerrarla y negar el acceso a los diversos investigadores que echan mano de estos datos para profundizar en el actuar del gobierno en esta etapa de la vida en el país.
Al respecto, este miércoles se desarrolló en el Museo Casa de la Memoria Indómita la charla titulada “Ley Federal de Archivos: guerra sucia contra la memoria, la transparencia y la información”. En el evento, convocado por el Círculo de Estudios Central, participó Susana Zavala Orozco, especialista en investigación directa en archivos de México sobre la violación a los derechos humanos por parte del Estado.
Zavala Orozco detalló que las autoridades del AGN han determinado que ya no es posible consultar de manera directa los archivos de la guerra sucia, sólo a través de una solicitud que se debe realizar por medio de un sistema electrónico. Agregó que a pesar que esta documentación se encuentra en el AGN, personal del Cisen administra la documentación.
“Una vez que se hace la solicitud, el AGN da acceso a los archivos, sólo que con versiones públicas. Con esto elimina los datos personales de los documentos. No sabemos si esto es una disposición del Cisen, del AGN o del IFAI. He solicitado a estos organismos me den un fundamento de por qué se hace esta práctica, pues a todas luces es una medida contraria a la ley porque a esta clase de fondos documentales la ley de transparencia los protege de ser reservados en su modalidad de consulta directa”, dijo.
En tal sentido enfatizó que una de las demandas que han realizado se centra en que la elaboración de las versiones públicas no está a cargo de personal capacitado del AGN, sino de personal del Cisen, lo cual, dijo, hace pensar que censuran más información de lo que la ley establece.
“Lo que nos dijeron verbalmente de por qué habían cerrado la consulta directa era por razón de protección de datos personales que contienen estos expedientes. Hay dos modalidades de datos, los personales como puede ser nombre, dirección, teléfono, y los datos personales sensibles, los cuales son muy íntimos, como la afiliación política o religiosa, la preferencia sexual, etcétera. Por esta razón, de que los documentos tienen datos personales sensibles, es que se ha cerrado la consulta directa, pero mi argumento es: aunque tenga este tipo de datos, la ley exime a estos documentos de ser reservados porque que dan cuenta de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, apuntó.
Explicó que con la Ley Federal de Archivos, decretada en 2012, se crea una nueva modalidad de documentos, contenida en el artículo 27 de este nuevo marco. Esta nueva modalidad se llama archivos históricos confidenciales, creada bajo el argumento de proteger estos datos sensibles contenidos en los documentos.
“Además esta disposición modifica el plazo para poder tener acceso a la información. Antes un documento que después de su evaluación era clasificado como histórico, tenían que pasar 30 años para poder ser de acceso libre; con esta ley el plazo se extiende de 30 años a 70, entonces los historiadores y periodistas están molestos porque con esto sólo podríamos tener acceso irrestricto a documentos no antes de 1945, entonces la historia contemporánea quedaría en un vacío”, comentó.
Susana Zavala agregó que esta práctica emprendida cae en contradicción, pues dijo que si un archivo es clasificado como histórico no puede ser confidencial. Aclaró que si existen documentos que no pudieran ponerse a disposición, tendrían que estar un mayor tiempo en resguardo y no ponerlos al público si contiene información sensible, que pone en peligro la seguridad nacional.
“El archivo de la Dirección Federal de Seguridad se etiquetó con esta modalidad de archivo histórico confidencial por eso nos impiden el acceso directo a la consulta. La rareza de esta situación es que el AGN o el Cisen no han aplicado esta medida a otros fondos documentales que llegaron al AGN, como el de la Secretaría de la Defensa Nacional o el de la Secretaria de Relaciones Exteriores, sólo se la pusieron a la de la DFS”, detalló.
La especialista subrayó que es necesario y de manera inmediata se permita la consulta directa a este fondo documental, si bien no para los investigadores, sí para los familiares de víctimas, con el fin de que puedan seguir indagando y encontrar justicia, pues explicó, casos como el de Rosendo Radilla fueron posibles de investigar gracias a la información contenida en este archivo.
