(30 de diciembre, 2014).- A punto de cerrar el 2014, el estado de Puebla se encuentra marcado por el régimen establecido por el gobernador Rafael Moreno Valle, debido a sus tácticas represivas y autoritarias que incrementaron el número de presos políticos en la entidad y le quitaron la vida a un menor de 13 años.
El recuento de las heridas de los derechos humanos en Puebla comienza en el ya lejano mes de mayo, cuando Moreno Valle presentó la iniciativa de la #LeyBala, la cual sería aprobada sin dificultades por el congreso local.
Dicha ley se encargaría de hacer legítimo el uso de armas de fuego para reprimir y disolver actos y manifestaciones de protesta populares.
Mientras diversos proyectos neoliberales se iban aprobando durante la gestión morenovallista, incluyendo el Gasoducto Morelos de Atzitzihuacan, San Francisco Tepeyac y San Andrés Cholula, entre otros, se reportó la detención arbitraria de por lo menos 19 activistas sólo en el mes de junio, simplemente por manifestarse.
No obstante, el clímax de este régimen considerado “fascista”, “de terror”, “dictatorial” y “porfirista”, según defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, tendría lugar hasta el mes de julio, cuando policías estatales finalmente pusieron en práctica la polémica #LeyBala para desalojar a habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes protestaban en la autopista federal de Atlixco por la falta de servicios del registro civil en su comunidad.
Cuatro de las balas de goma disparadas impactaron en cuatro respectivos manifestantes, quienes resultaron heridos de gravedad, mientras que una quinta bala chocó en el cráneo de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien pasaba por el lugar de los hechos como parte de su recorrido diario de escuela a casa.
Luego de 10 días de agonía en el hospital, el menor perdió la vida. Los meses siguientes se volverían mera demagogia entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) —entonces presidida por Raúl Plascencia— y el gobierno poblano. Los resultados: una multa, una amonestación, recomendaciones que ni siquiera fueron cumplidas e impunidad para quien sigue a cargo de la entidad y sus allegados.
Esto, a pesar de las diversas manifestaciones que se presentaron para exigir juicio político al ‘gobernador bala’ y las diversas pruebas que existían para demostrar la responsabilidad de Moreno Valle en los acontecimientos.
Ya para el mes de septiembre, el mandatario estatal era reprobado por el 39.5 por ciento de los poblanos, mientras las marchas para pedir la libertad de los presos políticos continuaban.
Finalmente a inicios de diciembre, el líder del Movimiento de Alternativa Social (MAS), Marco Antonio Mazatle Rojas, advirtió que el nuevo acoso ejercido por el régimen morenovallista, ahora en contra de la comunidad de San Miguel Canoa, estaba en riesgo de tener consecuencias peores que las de Chalchihuapan, culminando posiblemente en una masacre.
