(18 de junio, 2014).- Teniendo ejemplos por doquier, tanto en las operaciones que realizan empresas privadas con el gobierno federal, como en la administración de los fondos públicos, y ni qué decir de las componendas en pagos de impuestos, sin por ello pasar por alto lo que sucede en el resto de los poderes, tanto en el Judicial como en el Legislativo, podría pensarse que no hay más renglones en los cuales practicar la corrupción con tanta impunidad como en el presente. Se convierte día con día en una penosa realidad que “la corrupción somos todos”, porque va desde el billete que se extiende al policía hasta lo que ahora debe hacerse para lograr que la facturación sea deducible de impuestos. Y no se salva ni el sector salud ya que en los hospitales, para poder enterarse del estado que guardan los enfermos, o pasar a las visitas, no hay mejor recomendación que un Netzahualcóyotl, es decir, un billete de 100 pesos, la cadena no ha terminado, aún hay más.
Tal parece que no conformes con la impunidad que por la red de complicidades los acompaña, los políticos olvidaron hacer las adecuaciones necesarias a la Ley Anticorrupción con el fin de que ésta contemple renglones que van ligados directamente al ramo petrolero. Nos quedamos con las ganas de conocer el destino final de los miles de millones de dólares, producto de los excedentes petroleros y el aumento en el precio del petróleo durante el sexenio de Felipe Calderón y en la etapa final del de Vicente Fox. Ahora de nuevo el precio por barril de la mezcla mexicana aumenta su precio y alcanza más de 100 dólares (101.6); la diferencia entre esta cifra y la presupuestada por los legisladores no es menor, y menos aún cuando se sabe de la exportación de millones de barriles que a diario se exportan. Nada se ha dicho sobre cuál debe ser la ruta de aplicación de estos recursos que no están contemplados en los renglones de Ingresos.
Pero no sólo se trata de que las cuentas claras no se entreguen y que se evite dictar leyes que obliguen a los funcionarios y gobernantes de todos los niveles a presentarlas, sino que se ha descubierto que en las leyes secundarias aprobadas existen renglones en materia energética que permitirán, con mayor facilidad, la realización de actos de corrupción tanto en Pemex como en la CFE. Al quedar convertidas en empresas productivas del Estado, quedan totalmente fuera de la Ley Federal Anticorrupción y su operación se da dentro de un marco de mucha flexibilidad jurídica, prácticamente sin regulación en la adjudicación de contratos, acción que se ha visto, es productora de enormes fortunas para los funcionarios responsables de esta autorización.
Su operación está basada en un “régimen especial” por lo que sólo se obedece a los mandatos de un director general que a su vez es el presidente del Consejo de Administración y con injerencia directa dentro del Comité de Auditoría. Al respecto, hasta el titular de la Función Pública, Salvador Vega, el funcionario que ha declarado una y otra vez que no encuentra peces gordos, que necesita pruebas, que sólo actúan bajo los ordenamientos legales, reconoce que existe el riesgo de que los responsables de actos ilícitos dentro de ambas empresas, ganen cualquier pleito en tribunales ya que hay poca claridad en la ley. Sobre esto, Dolores Padierna de nuevo advierte que la reforma generará corrupción, discrecionalidad y tráfico de influencias. Como antes, como ahora y en lo futuro, con una impunidad mucho mayor.
Ahora, los panistas van a presentar un paquete de reformas para garantizar que la Ley Federal Anticorrupción se aplique también a Pemex y a la CFE, aun y cuando con la reforma se hubiese alterado toda su naturaleza jurídica. No sólo se trata de los renglones abordados, sino de que está eliminada la instancia de inconformidad para impugnar los procedimientos en los que se autorizan las licitaciones, o sea que mayor manga ancha no pudieron haberles otorgado. Tal vez sea que de ahí se desprende la necesidad de ir eliminando a quienes fueron utilizados de “bote pronto”, a la llegada del gobierno de Peña Nieto, a fin de colocar en esas posiciones de extrema confianza a los del equipo cercano, a los que rinden cuentas claras a su grupo, a los que parten y recomparten.
SE ENNEGRECE EL PANORAMA
El senador campechano Jorge Lavalle sostiene que su partido (PAN), busca un modelo integral de combate a la corrupción y habla de los órganos reguladores, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, que han sido comisionadas para vigilar las licitaciones y la administración de contratos. Con ello queda clara la intención del blanquiazul de intervenir en la designación de funcionarios en estas áreas, y más aún, se esclarece que se trata de proteger a quienes trabajaron al lado de los panistas en este sector, de los que fueron beneficiados a fin de que no sean eliminados, ya que está presente el “quítate tú porque sigo yo”. La finalidad como puede observarse nada tiene que ver con proteger los ingresos que se obtengan por la explotación y venta del petróleo para que los ciudadanos obtengan beneficios, sino de la realización de otros negocios, muchos más rentables en los que no quieren quedarse fuera.
Héctor Larios, también senador, sostiene que van por dos renglones: el primero contempla que los funcionarios públicos tengan responsabilidades que en el presente no tienen –de ahí que puedan hacerse una y mil denuncias y ninguno de los que han encabezado las direcciones de Pemex o de la CFE ha sido presentado ante el Ministerio Público, aunque si hubiera la voluntad política con la multiplicación exprés de sus fortunas personales sería suficiente–, y que las asignaciones de los contratos se sujeten a una normatividad y puedan ser impugnadas. Tal y como se había previsto, y que ahora “descubren los blanquiazules”, el grado de corrupción que se intenta generar raya en la locura al resumirse las acciones: concursos asignados a empresas de manera directa; no hay forma alguna de impugnar, por lo que el resto de participantes simplemente recoge sus propuestas y se va; no hay ningún funcionario responsable de este tipo de actos con todo y que no se cumpla, por parte de las empresas con lo señalado en los documentos que les otorgan las obras y los millones.
Cuando se trata de toda una red de complicidades hasta en lo más bajo, en el robo descarado, encontramos a la impunidad. Un ejemplo muy claro está en el presente en Tamaulipas en donde hay 19 detenidos por la ordeña de combustible, sin embargo ninguno de ellos tiene ni el talento ni la preparación para poder ejecutar acciones que se llevan a cabo en los ductos, en las redes de distribución y en las que pueden causarse accidentes mortales. Son 3 mil 500 millones de pesos los que se expenden de gasolinas robada en esa Entidad durante un año. Dicen que la delincuencia organizada participa en este gran negocio que se ejecuta en por lo menos seis entidades y según las empresas que transportan toda clase de líquidos en pipas, las denuncias por el robo de estas unidades que son utilizadas posteriormente para el traslado de gasolinas no solo no son escuchadas sino que no se mueve un solo dedo para localizar a los vehículos. Curiosamente también en Tamaulipas es en donde se han multiplicado las estaciones de servicio y no realizan las investigaciones correspondientes para determinar si coincide la compra que le hacen a PEMEX con la cantidad de litros que expenden al público. La duda está en esas inversiones en un lugar sin seguridad, en donde el robo de este producto está floreciendo, porque el supuesto es que son los lugares oficiales para ofertar todo lo robado.
