Libertad de expresión: los casos pendientes en México

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El Toque/Jorge Tirzo

Desaparecidos en Ayotzinapa

(21 DE ENERO, 2015).-La libertad de expresión en México continúa siendo una asignatura pendiente. El caso Ayotzinapa vino a poner en evidencia que no hay garantías para ejercer la crítica ni la oposición política. Otros asuntos irresueltos que ya mencionábamos el año pasado, siguen en stand by: no hay avances en la agenda digital y la legislación sobre manifestaciones sigue estancada.

Durante el año pasado, la implementación de las reformas secundarias de telecomunicación trajo cambios para los consumidores de medios. El cobro por llamadas de larga distancia desapareció, empresas como Cablevisión se transformaron para ofrecer el servicio de triple play (telefonía, Internet y televisión) y tarifas de empresas como Telmex o Telcel tuvieron que ser ajustadas para enfrentar a nuevos actores como Izzi o Virgin Mobile. Habrá que ver si dichos cambios resultan ser realmente provechosos para la ciudadanía durante este año.

Los retos de 2015 son primordialmente de seguridad para garantizar que todos los mexicanos puedan expresarse libremente y de apertura. La licitación de las nuevas cadenas de televisión y la implementación de la agenda digital son factores que podrían propiciar una mayor diversidad de opiniones.

A continuación, los casos que deberán ser resueltos a lo largo de 2015:

Resolver el caso Ayotzinapa

Aunque no es el único, sí es el más representativo y simbólico. Alumnos críticos al gobierno son secuestrados y presuntamente calcinados para ser acallados. Cuatro meses después, el grupo de jóvenes estudiantes sigue desaparecido y aún no hay culpables procesados. El caso ha despertado un gran descontento social y una desconfianza enorme hacia las instituciones.

Por hacer una comparación, los aberrantes sucesos contra el semanario Charlie Hebdo en París fueron abiertamente condenados por el gobierno del presidente francés François Hollande. Ante el rápido reclamo de la sociedad civil, se articuló un operativo para dar con los responsables que fueron capturados en menos de una semana. Un nivel de efectividad similar es lo que se extraña en el caso Ayotzinapa.

No solo los activistas corren riesgos en México. De enero a septiembre de 2014, por ejemplo, se presentaron al menos 200 agresiones contra periodistas. Según la organización Artículo 19: “un 59 % de esas agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos y apenas el 6,7 % vinieron del crimen organizado”.

Garantizar mejores condiciones para los periodistas

México es el sexto país del mundo con más homicidios de periodistas, pues durante el 2014 tres comunicadores fueron asesinados. Esta cifra lo iguala con Afganistán y Filipinas en el ranking de Reporteros sin fronteras.

El gobierno mexicano en todos sus niveles debe reestructurar por completo su relación con la prensa y su labor de protección a la libertad de expresión. Es inaceptable que el 59% de las agresiones a la prensa sean perpetradas por funcionarios públicos, pues su labor tendría que ser justamente la contraria. De manera análoga, al caso Ayotzinapa pone en evidencia que el propio gobierno ha abusado de sus facultades para callar voces críticas en el periodismo en vez de garantizar la pluralidad de opiniones.

Legislación sobre manifestaciones y marchas

Desde el 2013 ha habido varios proyectos de leyes para regular las manifestaciones. A nivel local, en el Distrito Federal hubo una controversia por la ley de movilidad aprobada en 2014 que hacía obligatorio notificar con antelación a las autoridades para realizar una manifestación. Esta ley está en proceso de revisión por los organismos judiciales pues una juez federal la ha considerado como inconstitucional.

Chubasco. Ley Atiprotesta

A nivel federal, a finales de 2014 entró al congreso una iniciativa para aprobar una ley de movilidad. Aunque el grueso de la propuesta está enfocada en actualizar el paradigma en materia de transporte, hay algunos artículos que han levantado polémica por la regulación del espacio público. Es probable que a lo largo de 2015 veamos una discusión similar a la del D.F. pero a nivel federal.

Licitación de las nuevas cadenas de televisión abierta

Tras décadas en que Televisa y TV Azteca han ejercido un duopolio en los contenidos audiovisuales públicos, las reformas de telecomunicaciones han abierto la puerta para conformar dos nuevas cadenas de televisión abierta. Será en marzo de 2015 cuando se emita el fallo en las licitaciones y hasta el momento se sabe poco al respecto de las propuestas. Los contendientes son Cadena Tres, Grupo Radio Centro y Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac.

Habrá que esperar a ver los mecanismos de articulación de estas nuevas cadenas, pues todos los contendientes ya tienen presencia en medios radiofónicos o impresos. Sus líneas editoriales se caracterizan por ser más bien conservadoras y es probable que no se constituyan en una alternativa real a las cadenas ya existentes. En palabras del experto en telecomunicaciones, Gabriel Sosa Plata: “Seria decepcionante que las nuevas televisoras no se convirtieran en una alternativa real de lo que ya actualmente ofrecen Televisa o TV Azteca”.

Libertad de expresión

Estrategia digital nacional

A finales de 2013 se presentó este proyecto encabezado por Alejandra Lagunes. Su objetivo es poner a México al menos en el promedio de los índices de conectividad de los países de la OCDE, así como generar mecanismos de gobierno electrónico que hagan eficiente la administración pública.

Hasta el momento, la ventanilla digital única de trámites gubernamentales, una de sus principales propuestas, no es más que una buena idea en el papel. Los niveles de conectividad siguen estando por debajo del 50% de la población y los esfuerzos en materia de gobierno electrónico son muy dispares en cada una de las dependencias.

Por lo menos es posible decir que la Estrategia digital nacional camina muy despacio. En la página de Avances es posible apreciar cómo está muy lejos de convertirse en una realidad. Esto empeora si consideramos además las malas prácticas que ha tenido el gobierno en materia de libertad de expresión en la red. Como muestra podríamos hablar de los ataques robóticos a hashtags como#YaMeCansé, que ha sido una práctica común de los llamados PeñaBots desde su candidatura presidencial.

 

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