*Opinión
Alejandro Melgoza Rocha / @Giornalista3_0
(6 de julio, 2014).- A pesar de no recibir la misma atención gubernamental y mediática como Michoacán y Tamaulipas debido a la crisis de inseguridad, el Estado de México –bastión del PRI– nuevamente está en los reflectores. No deja de sorprender el fenómeno en el cual se ha convertido dicho territorio: plomo y sangre bajo el gobierno de Eruviel Ávila Villegas.
Sin embargo, esta vez, se trata de 22 abatimientos –entendiendo esta palabra como una ejecución de Estado– durante un supuesto enfrentamiento entre “presuntos criminales” pertenecientes al cártel de Los Guerreros Unidos –organización desprendida de Los Beltrán Leyva– y elementos del Ejército. Cabe resaltar, éste ha sido el caso más llamativo dado el número de muertos que terminó por sembrar más dudas que certezas.
De acuerdo con la versión de la Sedena: El pasado 30 de junio, a las 05:30 horas, un convoy de militares estaba realizando un reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Edoméx, cuando “ubicaron” una bodega vigilada por personas armadas que, al percatarse de la presencia militar, abrieron fuego en contra de los elementos castrenses, entonces, los uniformados “repelieron el ataque” dejando un saldo de 22 muertos señalados por la Secretaría como “presuntos agresores”.
Una vez despejada el área ingresaron a la bodega donde aseguraron 25 armas largas: 16 fusiles AK-47, 6 fusiles AR-15, un fusil Calico, 2 escopetas, 13 armas cortas, un revólver .38 especial, 1 granada de fragmentación y 112 cargadores y cartuchos útiles. Además de liberar a tres personas secuestradas.
Pero los hechos dejan vacíos importantísimos:
- 1.- ¿Cómo saben que los abatidos pertenecían al cártel de Los Guerreros Unidos? ¿Con base en qué reportes o perfiles imputan inmediatamente este vínculo criminal? Ni siquiera han sido reveladas las identidades de los occisos.
- 2.- ¿Cuántos elementos de la Sedena iban a bordo y con qué armas? Y esta pregunta cobra relevancia, dado que el número del convoy tuvo que haber sido mayor o equiparable al de ellos, es decir, 22.
- 3.- ¿En esta relatoría tan fantástica de la Sedena, cómo es posible que resulte solamente un militar herido? ¿Qué hizo inferior el músculo del crimen organizado que en casi todos los casos están mejor armados y organizados?
- 4.- ¿Quién supervisa los operativos o reconocimientos terrestres –en este caso de la 22 Zona Militar con sede en Santa María Rayón– para no permitir movimientos extrajudiciales sin un protocolo de derechos humanos (aunque haya priistas como Arturo Montiel, tío y padrino de Enrique Peña Nieto, que creen que los delincuentes no deben tener derechos humanos)?
- 5.- ¿Quién supervisa y bajo qué protocolos los operativos o reconocimientos terrestres para dar legalidad a la escena del crimen –lo cual incluye aseguramiento de drogas o armas– sin que ésta haya sido alterada una vez que llega –horas después– el ministerio público para realizar los debidos peritajes?
- 6.- ¿A qué se refieren con presuntos agresores? ¿Agredieron a los militares sí o no? ¿Acreditaron que esos 22 que ahora están muertos los estaban agrediendo sí o no?
Y ninguno de estos cuestionamientos pasó por los funcionarios del Estado de México, pues Eruviel Ávila aprovechó para felicitar al Ejército y presumir el éxito del Operativo Mexiquense en su mandato: “El Ejército tuvo una valiente presencia y acción, al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas”, dijo.
Pero hay más… Insight Crime, organización estadounidense encargada de analizar el crimen organizado de América Latina, criticó al Ejército, quien explicó a través de un reporte publicado ayer que, a pesar de que Los Guerreros Unidos sean uno de los objetivos principales de los operativos de las fuerzas de seguridad en los estados de Guerrero, México y Morelos, “el ataque de esta semana plantea preguntas preocupantes”.
“(…) cómo se están llevando a cabo estas operaciones por parte del ejército, y sobre cómo el gobierno está supervisando sus acciones. La propiedad estaba custodiada por 22 personas fuertemente armadas y el ejército dio de baja a todos los presuntos delincuentes, mientras que sólo sufrió una pequeña pérdida. Grupos de Derechos Humanos ya han cultivado el espectro de que los militares están participando en ejecuciones extrajudiciales y que luego manipulan la escena del crimen. Este puede ser otro caso que requiere de mayor exploración”, agregó el informe.
Y no sólo eso, la estructura de los boletines, principalmente de las instituciones de seguridad, carga trampas en su semántica. Esto fue más notorio durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Por ejemplo, se hizo frecuente nombrar “presuntos criminales” a quienes aún no se les había dado un debido proceso. De fondo hay una imputación de facto que los medios de comunicación reproducen una vez que las corporaciones de seguridad emiten un comunicado con decenas de vacíos como los señalados anteriormente.
Sin estas justificaciones resulta la “crónica” militar poco creíble. En resumen: Inverosímil.
Para citar un caso similar, es preciso situarse en la fecha 8 de marzo de 2011 cuando la Sedena informó que se había registrado un enfrentamiento entre un grupo armado y efectivos del Ejército en el municipio de Buenavista de Cuéllar, donde se dejó como saldo seis personas abatidas.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la 35 Zona Militar y reproducido por Notimex, el grupo armado “agredió” a los elementos castrenses, quienes repelieron el ataque dando muerte a seis “presuntos agresores”.
Y añadió: “Se informó que los militares efectuaban, en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicaciónde la ley federal de armas de fuego y explosivos, un recorrido cuando fueron agredidos. También, como resultadode los hechos, se aseguraron nueve armas largas de diferentes calibres, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones”.
Respecto a este hecho, el periodista y director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, criticó que en la estructura militar “hay algo que no funciona en esta versión, que se repite como un machote en muchos boletines de la Sedena”.
Explicó: “Su redacción sugiere un enfrentamiento iniciado por un grupo de agresores, de lo cual se sigue su persecución y muerte, sin bajas en el bando de los agredidos”.
En su análisis, cuestionó sobre cómo pueden resultar tan “ineptos” los agresores en el enfrentamiento, donde “inician la agresión sobre soldados que en principio no la esperan y no les causan ninguna baja”.
“Luego, durante la persecución, el personal de la Sedena no sólo logra reprimirlos, sino que los mata a todos, sin sufrir otra vez ninguna baja”, continuó.
Y concluyó: “Contaminado por el lenguaje legal, el boletín habla de ´presuntos agresores`. ¿Son `presuntos´ o son reales? ¿Agredieron realmente a los soldados o éstos presumieron que iban a ser agredidos? No me interesa criticar el estilo del boletín, desde luego, sino su fondo: ¿es verosímil que el Ejército sea agredido, persiga a sus agresores y los traiga a todos muertos, en este caso seis, sin sufrir mayores bajas?(…)”.
En este caso, el cuestionamiento es para la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de México:
¿Es verosímil que el Ejército sea agredido por “presuntos agresores”, respondan el ataque arrojando un saldo de 22 muertos (considerando que estaban equipados con armas de uso exclusivo de la milicia), sin sufrir mayores bajas más que un militar herido?
