La historia de México en los últimos 12 años ha estado envuelta en tragedias, masacres, secuestros, violaciones, levantones, tortura y desapariciones que cotidianamente han llenado las páginas de los diarios de circulación nacional y locales, que han abarrotado los portales informativos, que han saturado los noticiarios de radio y televisión y que nos hemos tenido que acostumbrar.
Sin embargo, en el caso de los desaparecidos el grado de impunidad es mayor, ya que a diferencia de los demás delitos—que todos son repudiables–, en los desaparecidos los familiares de las víctimas viven con la esperanza latente de encontrar a sus seres queridos, aunque las probabilidades sean cada vez menores.
Los familiares de los desaparecidos tienen la ilusión de encontrar a abuelos, padres, madres, hermanos, hijos, esposos, que nunca volverán a casa y que tampoco tienen un rastro que al menos puedan tener para guardar su dolor, lo que indistintamente genera una sensación de esperanza de volver a encontrarlos.
Las autoridades tanto locales como federales han sido omisas en dar respuesta a las peticiones de miles de familiares de desaparecidos. Las cifras son maquilladas y los expedientes reales por carpetas de investigación en las procuradurías estatales se traspapelan o simplemente se quedan acumulados en bodegas donde los nombres y apellidos de esas personas en los mejores de los casos podrán ser un número, en los peores, desaparecerán y su existencia estará en duda.
La famosa guerra contra el narcotráfico que comenzó Felipe Calderón en 2006 para legitimar su gobierno dejó más muertos que las guerrillas de la década de los setenta e incluso más víctimas que en la famosa guerra sucia que impulsaron Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, sin embargo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto las cosas empeoraron más y los resultados fueron los más negativos en la historia reciente de México.
La política del gobierno peñista no sólo trató de callar a los medios de comunicación con pagos millonarios de publicidad, sino que también cambió el nombre de la estrategia de seguridad que únicamente fue una modificación de forma y no de fondo, pues los criminales seguían operando convirtiendo al país en un matadero nunca visto después de la Revolución Mexicana.
Los desaparecidos en muchos casos fueron víctimas colaterales entre bandas delictivas, personas que estuvieron en el lugar y momento incorrecto y que no podrán volver a sus casas, mientras los gobiernos se lavan las manos o simplemente callan ante su incompetencia en la resolución de los casos.
Ni siquiera el más visible que fue el de Ayotzinapa en 2014 se ha esclarecido, mucho menos los cientos de mexicanos que desaparecieron como si la tierra de los hubiera tragado, pero incluso la naturaleza daría una razón de su reacción en el caso de los desaparecidos, sus nombres sólo serán recordados por sus familiares y amigos.
Hace unos meses el nuevo gobierno federal anunció sus intenciones de regularizar y dar a conocer el número real de personas desaparecidas en el país, sin embargo, en los estados parece no haber la suficiente voluntad política para documentar exactamente al total de personas desaparecidas y entre denominaciones legales se ocultan las verdaderas cifras de personas que no regresarán a sus casas.
El problema de inseguridad no se resolverá de la noche a la mañana, requiere de un plan integral completo en el que disminuyan los indicadores delictivos en México y en el caso de los desaparecidos es indispensable primero contar el número real de víctimas y después darle nombre y apellido a cada uno.
