El poder judicial no tiene espada ni bolsa;
depende de la confianza del pueblo para su legitimidad.
Alexander Hamilton
A veces olvidamos que los jueces también son servidores públicos. Y es porque en ocasiones, ellos también lo olvidan.
El servicio público existe para resolver las necesidades de la gente. Y quienes trabajan en el Poder Judicial, como ministros, magistrados, jueces y todo su personal, también son servidores públicos.
Sin embargo, en ocasiones parece que esto se les olvida a sus integrantes. Su distanciamiento con la ciudadanía es grande y de mucho tiempo atrás. Lejos de generar empatía o confianza, el Poder Judicial y todo lo que representa provoca un sentimiento de lejanía y sospecha. La ciudadanía no se identifica con quienes imparten justicia. No los siente cercanos ni útiles.
El contacto ciudadano con los ministros, magistrados y jueces es casi inexistente, y cuando existe no es por gusto, sencillo ni barato. El lenguaje judicial es indescifrable y el sistema es desconocido e inaccesible. Solo hay una consecuencia posible para una autoridad sin vocación de servicio, y es que la ciudadanía no sienta que el sistema de justicia le sirva. No lo representa y está muy lejos de satisfacer sus necesidades.
Podemos señalar muchas causas de este divorcio, pero los únicos responsables son los funcionarios del Poder Judicial que nunca han tenido interés por acercarse y escuchar, y mucho menos de representar y servir. Esto provoca que la administración de justicia sea inalcanzable para el ciudadano común, porque sin confianza no hay ninguna relación posible.
No es la ciudadanía quien debe acercarse al Poder Judicial. Es el Poder Judicial y sus autoridades quienes deben esforzarse para recuperar la relación con los ciudadanos comunes. No hablamos solo de una definición legal. Es una responsabilidad profundamente social y política. Implica cercanía, transparencia, apertura, empatía, y sobre todo, la vocación de servicio de la que hablamos.
En lugar de esto, el Poder Judicial se ha esforzado por crear una barrera institucional, por ocultarse en oficinas de lujo, dominado por intereses privados y desconectado de la realidad.
Por eso no podemos dejar de recordar que todos los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de tribunales federales y locales, los jueces, actuarios, secretarios de acuerdos y demás personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, también son servidores públicos.
Quien olvida que juzgar es servir al pueblo, no hace justicia, sino que ejerce poder contra él.
