La semana pasada se filtró la declaración de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Fiscalía General de la República (FGR) en la que se mencionan nuevos nombres relacionados con el esquema de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, entre los que se encuentran algunos panistas como el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya; el ex senador Ernesto Cordero; el ex coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado, Salvador Vega; y los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Según las declaraciones del ex funcionario federal, la empresa brasileña entregó millonarias cantidades para impulsar la reforma energética, lo que le permitía mayor participación a la misma en proyectos en México, por lo que prácticamente habían pagado a los legisladores federales para que se unieran a ese mecanismo a cambio de jugosas cantidades para sus bolsillos.
El más señalado fue Ricardo Anaya, quien en la pasada campaña presidencial aseguraba que era honesto y que nunca había cometido algún hecho ilícito, sin embargo, la versión de Lozoya lo implica en haber recibido 6.8 millones de pesos cuando fue presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para apoyar la reforma energética.
De inmediato tanto Anaya como todos los panistas rechazaron “categóricamente” haber participado en hechos de corrupción, aunque también implicaron a otros flamantes priístas que participaron en los hechos de corrupción como David Penchyna, Luis Videgaray, Fidel Herrera, Enrique Peña Nieto, Javier Duarte y el ex candidato presidencial por el tricolor, José Antonio Meade.
La gran red de corrupción que predominó durante los últimos sexenios derivó en que la empresa brasileña comprara a los políticos mexicanos para obtener distintos contratos y con ello debilitar la participación de Pemex como la única petrolera en el país.
Las declaraciones de Lozoya buscan evitar que pise la cárcel, pero ha comenzado a cimbrar la vida política nacional, pues están involucrados dos ex presidentes y dos ex candidatos presidenciales, así como una serie de personajes que de forma sistemática se aprovecharon de sus encargos para obtener ganancias superiores a las que podrían percibir con sus salarios como servidores públicos.
En caso de que se confirmen los señalamientos de Lozoya en contra de todos los personajes referidos, la FGR podría contar con elementos suficientes para detener a varios de los personajes que de forma corruptiva desangraron más a la nación, por lo que podría tratarse de un hecho histórico la aprehensión de ex servidores públicos de ese nivel.
