(29 de julio, 2014).- La tarde de ayer lunes 28 de julio, cerca de mil 500 manifestantes de diversos municipios poblanos, llegaron a la capital del país para exigir la abrogación de la #LeyBala, en lo que denominaron Caravana por la Dignidad Poblana. A bordo de 30 camiones, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, los inconformes protestaron por el clima de hostigamiento y censura que existe en su contra.
En el acto, recordaron la muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatlie y las lesiones que sufrieron una treintena de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. Uno de ellos, incluso, perdió el habla luego de que un proyectil lo hiriera en la mandíbula.
Desde que fue aprobada la iniciativa de ley que legitima el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas, diversos organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y populares, denunciaron que la enmienda promovida por el gobernador de la entidad, el panista Rafael Moreno Valle, podría provocar una ola represiva y la violación de garantías fundamentales. La sospecha se confirmó el pasado 9 de julio.
En la concentración, el contingente también recordó que desde hace meses, diversos movimientos sociales y políticos opositores a los proyectos morenovallistas, han recibido un trato similar e incluso, denunciaron que algunos activistas tienen procesos abiertos, algunos están encarcelados y otros más están siendo perseguidos.
La cerrazón
Vladimir Luna, representante del movimiento Los de Abajo, dijo que en distintas ocasiones los conductores de mototaxis, han sido objeto de represiones policiacas por reclamar su derecho a trabajar. De hecho, el pasado 18 de junio, ocho conductores de ese transporte usado en comunidades rurales, fueron detenidos por manifestarse contra un operativo en el que implementó el uso de la fuerza y gases lacrimógenos.
El representantes del movimiento nacional Los de Abajo, recordó que la administración de Moreno Valle también ha tratado de culpar a su hermana, la diputada local Roxana Luna, mediante un gigantesco dispositivo propagandístico ante la violencia en generada en Chalchihuapan. Sin embargo, recordó que la movilización se produjo luego de una demanda pública y no política: “los resultados ya los conocemos de sobra”, dijo.
Además, presidentes de 150 de Juntas Auxiliares de Puebla se han enfrentado al gobernador por las reformas que propuso a la Ley Orgánica Municipal, para quitar a estas autoridades locales las oficinas del Registro Civil. José Salomé Pacio, presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, aseguró que el retiro del Registro Civil es la punta para desaparecer estas autoridades que se fundamentan en los usos y costumbres.
Dentro de la manifestación, también participaron alrededor de 200 concesionarios de transporte público –agrupados en la Alianza de Camioneros‒ afectados por la construcción de la línea 1 y 2 en Puebla que, luego de haber sido culpados por el fracaso del modelo operativo y fracaso económico, los hicieron a un lado para entregarlo a la empresa Estrella Roja. “Metrobús de Puebla todo un fraude. No a los monopolios”.
Pese a las acusaciones, señalaron tener miedo ante el clima de hostigamiento que ha sufrido su movimiento, junto a los otros que se dieron cita ese día.
Similares acusaciones hicieron los concesionarios de verificentros, quienes refieren que el estatal ha lanzado año una campaña para retirarles las concesiones por decreto, para luego volverlas a concursar y favorecer con ello a un grupo de empresarios de la Ciudad de México.
El dirigente de la Asociación de Verificadores Vehiculares del Estado, Martín Maldonado, anunció que presentará una denuncia penal en contra del secretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón, por daños y perjuicio contra los más de 60 exconcesionarios de los verificentros.
Los procesos abiertos…
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA), también recordaron que en la administración de Moreno Valle, también existen alrededor de 30 presos políticos y tres muertos. “Justicia, alto a la represión y respeto a los derechos humanos es lo que exigimos”, aseguró Claudia Rojas, líder de FPDTA en Puebla.
En la movilización que se apostó frente a San Lázaro, Rojas, condenó la criminalización de los activistas que se han opuesto al Proyecto Integral Morelos, construido por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero concesionado a las empresas españolas Elecnor y Enegas, que subcontrataron a la empresa italiana Bonatti SPA (el cual también construye parte del gasoducto Los Ramones, en el norte del país).
Y recordó, de que ese número de “presos políticos”, tres fueron arrestados y puestos en prisión, luego de que arrecieron sus protestas.
Juan Carlos Flores Solis, integrante del FPDTAPMT, de 34 años de edad, defensor de derechos humanos, preso en el penal de Cholula, Puebla, desde el 7 de abril de 2014 acusado de motín, extorsión, despojo, ataque a la infraestructura hidráulica, robo de celulares de funcionarios públicos y oposición a que se ejecute una obra pública.
Enedina Rosas Velez, de 60 años de edad, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, municipio de Atlixco, en el estado de Puebla, integrante del FPDTAPMT, presa desde el 6 de abril de 2014 en el Cereso de Atlixco, acusada del robo de dos celulares de funcionarios públicos y de oposición a que se ejecute una obra pública.
Abraham Cordero Calderón, representante del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada, estado de Puebla, preso desde el 8 de abril 2014 en el Cereso de Atlixco.
