Luego de un juicio de amparo promovido por docentes, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) dejó sin efecto el cese de 18 de los 951 maestros que fueron cesados en julio pasado, despido que se argumento por faltar a su centro de trabajo más de tres días y no presentarse a la evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente.
La información se dio a conocer durante una conferencia de prensa, en el edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), ahí se encontraban, el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo y representante legal de los maestros en la región Centro, Rubén Cayetano García; así como los integrantes de la Comisión Política del magisterio disidente, Carlos Botello Barrera y Saturnino García Cordero; la secretaria de Organización de la región Centro, Reyna Bello de Jesús, y los profesores que se ampararon de las sanciones que aplicó la SEG.
Se dijo también que la dependencia admitió que “quedaron sin efecto los procesos administrativos” en contra de 18 de los 951 cesados. Por su parte, Cayetano García dijo que “la SEG no notificó de manera oficial a ninguno de los 951 maestros que según la dependencia fueron cesados el 16 de julio pasado, de acuerdo con el aviso y las listas de los implicados que se difundieron en periódicos locales, lo cual fue el argumento principal de los juicios de amparo que promovieron los afectados ante un juzgado federal”.
Sin embargo, mencionó, que la dirección general de Asuntos Jurídicos fue la que aplicó las sanciones a los maestros, y la que reconoció que el fallo de los jueces fue a favor de los afectos, aunque esto no significa un triunfo, si no que “les beneficia en lo individual”.
También se dio a conocer que los maestros van a presentar una ampliación de demanda, ya que su queja no fue sólo contra el cese si no también contra la evaluación docente, debido a que el Servicio Profesional Docente no cuenta con notificadores, si no que hubo notarios que se contrataron para la “simulación” que fue la notificación a los profesores, para que participaran en el examen correspondiente a 2015.
Ya que, la SEG sólo dio marcha atrás a los 18 ceses, no a la evaluación docente ni a la reforma educativa. Además, los maestros tienen derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios, aunque es una decisión que deben tomar los afectados, que es “jurídicamente procedente”.
