(18 de mayo, 2016).- Las pruebas que presentó el Ministerio Público Federal (MPF) para demostrar la responsabilidad de los 3 militares que participaron en la masacre de Tlatlaya, Estado de México, fueron insuficientes para poder procesar a los acusados, lo que provocó que Adalid Ambriz Landa, sexto tribunal unitario de Toluca, el pasado viernes ordenara su libertad.
El magistrado declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) no sustentó ni aportó las pruebas suficientes en el delito de homicidio de 22 personas, que demostrará alguna participación de los militares, pese a que existen diversos testimonios de víctimas que sobrevivieron a la ejecución que refuerzan la acusación contra los elementos del Ejército, se lee en documento en posesión de La Jornada.
Detalló que las pruebas contra los 3 militares no son suficientes para asegurar que después de la primer balacera en el rancho El Limón (duró ocho minutos), haya existido un segundo evento de disparos en la bodega, que sería el momento cuando ingresaron los elementos del Ejército y donde ejecutaron a 8 personas más de las 22 asesinadas, dos menores entre las víctimas.
Por su parte organizaciones a nivel nacional e internacional ya han denunciado la poca eficiencia del Poder Judicial para juzgar los casos graves de violaciones a los derechos humanos y responsabilizaron a la PGR de haber presentado una acusación deficiente junto a una investigación nula, que ha provocado que a casi dos años el caso Tlatlaya siga impune y sin ningún procesado.
Las organizaciones como Red Todos los Derechos para Todos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Servicios y Asesorías para la Paz, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan a través de un pronunciamiento hicieron un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que la resolución del sexto juzgado puede ser impugnada por las víctimas que han sido reconocidas en el expediente del caso.
Por su parte la CNDH también ha instado a la PGR a presentar pruebas para que la masacre de Tlatlaya no quede impune; y sobrevivientes de la masacre como Clara Gómez, madre de Érika una de las ejecutadas por los militares, recalcó que seguirá con la lucha hasta encontrar justicia y lograr que su hija sea reconocida como víctima en el caso.
