(07 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Dolores González, coordinadora de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos, explicó que la aplicación de estrategias como el llamado “Mando Único”, no garantiza que el nivel estatal o federal, esté libre de coalición o infiltración de la delincuencia organizada.
La activista de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) argumentó que este tipo de operativos –como el recientemente puesto en marcha en Morelos- van encaminados a la desarticulación de instancias como las policías municipales mismas que, además, cumplen un rol de proximidad y cercanía entre las comunidades y su población, por lo que su desaparición las deja incluso más vulnerables.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, González alertó sobre la fase crítica que vive la política a nivel municipal y la tendencia, cada vez más amplia, de disminuir la influencia de los poderes locales frente a las administraciones centrales, al considerar que prácticamente se está desmantelando al municipio, lo que implica menor participación de la sociedad en la “cosa púbica”, principalmente por ser este el más cercano a ella.
“Si se desmantela al municipio se acrecienta enormemente la distancia entre la población y el siguiente nivel de gobierno que es el estado”, sostuvo González.
Subrayó la necesidad de que el gobierno federal y los estatales, replanteen los esquemas de seguridad para priorizar el fortalecimiento de mecanismos de seguridad comunitaria, municipal y de proximidad acompañados, por ejemplo, de una supervisión estatal o federal, pero sin dejar de lado la cercanía y confiabilidad que las dependencias de seguridad locales deben mantener con las comunidades.
“Esto tiene que venir de abajo hacia arriba, como todo lo que hay que construir para que funcione históricamente… en Ostula, Cherán, la montaña de Guerrero y algunas comunidades en Chiapas se ha podido resistir a la delincuencia organizada a partir de la cohesión comunitaria y con sus propios esquemas de seguridad que hacen esta labor de confianza con la sociedad. Así se ha logrado contener la penetración de la delincuencia y todo eso se está perdiendo con la idea del Mando Único, que además, en este momento, no garantiza una distancia con la delincuencia organizada”, detalló González.
Desde 2012, el académico e investigador Edgardo Buscaglia advirtió que al menos el 72% de los municipios del país tenían algún nivel de infiltración por parte la delincuencia organizada, lo que evidenció la vulnerabilidad del poder local frente a estos grupos que además, actúan impunemente en México.
Violencia contra alcaldesa, un mensaje
González consideró que el asesinato de Gisela Mota Ocampo, presidenta municipal perredista de Temixco, Morelos –quien pocas horas antes de ser ejecutada había rendido protesta- es sumamente preocupante porque además fue dirigido hacia el universo que menor representación política tiene: el femenino.
“En este contexto de alta violencia, las agresiones hacia las mujeres y la crueldad con que se cometen, se han convertido en formas ejemplificantes para mandar mensajes a otros actores respecto a lo que les puede suceder. Son un medio para explicar el tipo de riesgos o amenazas de no acatar ciertas órdenes de este engarce entre el crimen organizado y los poderes formales”, explicó la coordinadora.
González agregó que a pesar de que la ley exige que haya paridad de género en el número de candidaturas que los partidos políticos deben impulsar para cargos de elección popular, las estadísticas señalan que quienes llegan a los puestos de gobierno y sobre todo de toma de decisiones, siguen siendo, en su mayoría, hombres.
“Los esquemas de paridad tienen dos problemas: uno, el que los partidos mandan candidatas a municipios poco competidos y el segundo, que persiste un sistema que se va acotando, pero que durante mucho tiempo funcionó: las Juanitas, mujeres que llegan y ceden los espacios a sus suplentes, familiares en muchos casos. Es una simulación en donde las mujeres compiten por las cuotas que les marca la ley, pero el ejercicio de gobierno lo llevan hombres”, detalló.
Sobre el asesinato de Mota Ocampo, la coordinadora explicó que se sucedieron una serie de factores agravantes, tanto desde la perspectiva y equidad de género, pero también de representación política y de la fortaleza de los poderes locales, todos en contra de la democracia e igualdad; sin embargo, resaltó que el nivel de violencia que se registra en Morelos no podría existir sin el contexto de impunidad y colusión que persiste entre el crimen organizado y las autoridades.
En abril del año pasado, Revolución TRESPUNTOCERO informó de las denuncias de varias candidatas a puestos de elección pública que fueron amenazadas -ahí mismo, en Morelos- con el objetivo de inhibir su participación política pero no fueron las únicas, también se registraron este tipo de actos de intimidación en Guerrero y Oaxaca.
González subrayó que las modificaciones a la ley respecto a la participación política de las mujeres no incluyen cambios institucionales, ni de políticas culturales.
“Es un tema que tiene que ver con la cultura patriarcal impuesta en las comunidades, a través de la que se decide quién nos va a gobernar…La posibilidad de que sean mujeres las que ocupen las candidaturas, está sometida a este tipo de presiones”, concluyó la coordinadora.
