Jorge Gómez Naredo / Proyecto Diez
(23 de abril de 2014).– Para nadie es un misterio que el periodismo como lo conocemos, o como lo conocían nuestros antepasados, está en crisis.
Antes, los medios que podríamos llamar “convencionales” (la televisión, la radio y el internet) tenían un peso indiscutible en lo que se decía acerca de la cosa pública, es decir, en las agendas política, social, cultural, etcétera: “Si salía en la tele, en la radio o en el periódico, tenía importancia. Si no, era inexistente”.
Las cosas han cambiado y siguen cambiando a cada minuto. Ahora, cientos de miles de usuarios de redes sociales (principalmente Facebook y Twitter), y también miles de blogs y portales digitales, le disputan a esos medios tradicionales (que aunque han querido entrar en la vorágine de la comunicación digital, lo han hecho tarde y sin mucha creatividad) la primacía en el mundo-red, un mundo paralelo al mundo-real, pero que no por ser paralelo no influye en la cotidianidad real (no virtual) de las personas.
Los periodistas, que se pensaban los únicos que podían transmitir información, y que eran muchas veces dominados por intereses de sus jefes (los dueños de los periódicos, o quienes les pagaban y les siguen pagando a esos periódicos) no han podido mantener la primacía que tenían en el espacio que no era de internet.
Siguen teniendo presencia, pero ésta es disputada por la masa de internautas que no solamente es activa (comenta, discute, comparte) sino que en ciertos casos es creadora de esos contenidos que supuestamente estaban destinados a los creadores de información, es decir, a los periodistas.
Es en esta problemática que se enmarca las reformas a las leyes de Telecomunicaciones que pretende realizar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que, como vemos, la forma de transmisión de la información es caótica, y cualquier actor-creador de contenidos (un “amateur” en contraste con un “profesional”) en la web (un preparatoriano y/o universitario que escribe un tuit o sube una foto o hace un pequeño comentario en Facebook que puede ser viral y tener impacto político), puede hacer información, transmitirla, tener impacto desde el mundo virtual hacia el mundo real.
Es por eso que los gobiernos, los partidos políticos, y todos los que conforman las élites políticas del país, gastan fuertes sumas de dinero en manejar “redes sociales” y en tener presencia en internet. Es decir, buscan evitar costes en su imagen.
Por ello, la apuesta de Enrique Peña Nieto y muchos actores políticos no es la censura de las redes sociales cuando éstas ya están influyendo, que podríamos pensar es infinitamente complicado y con una eficacia reservada (¿quién no se ha burlado de Peña Nieto y del PRI en Facebook?), sino al control del “problema” desde el origen, es decir, al control de los datos desde los proveedores de internet.
Sí, la apuesta de la actual administración es a controlar los datos para que, en un momento dado, puedan actuar las fuerzas del estado de forma punitiva con quienes les son incómodos desde el mundo virtual.
Bien lo dice Ignacio Ramonet, especialista en medios de comunicación, “En la actualidad, cuando hablamos de internautas ya no estamos hablando de individuos aislados sino de ciudadanos que forman parte de un organismo vivo pluricelular planetario. Este extraordinario enjambre de redes puede resultar, cuando actúa al unísono, más importante incluso que mastodontes como la TVE, TFI, la BBC o la CNN juntos”.
La apuesta de Peña Nieto, pues, es a controlar el origen y, ya con ese control, mantener el “orden” que se desea desde el poder.
Para controlar un medio convencional (un periódico, una radiodifusora, una televisora) había que hablar con los dueños y “arreglarse” (es decir, manejar dinero, publicidad, etcétera) para que el medio no fuera muy “crítico”. Para que fuera obediente, dócil.
Para controlar a los muchos medios que son los usuarios de internet, la administración actual plantea hacerse de los datos desde los proveedores del servicio (Telmex, Telcel, Megacable, etcétera), y después “arreglarse” (por supuesto no vía una transacción económica, sino con amenazas y castigos) con los posibles “revoltosos” o “críticos”.
