Daniel Badillo
(11 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Una estancia de cuatro horas en el Centro Integral de Justicia Cívica Guerrero de la Ciudad de México, me permitió conocer cómo los funcionarios de la administración pública local, aprovechan la actual situación de acoso sexual a mujeres para conseguir dinero.
En el Centro Integral de Justicia Cívica Guerrero, ubicado a las afueras de la estación del Metro del mismo nombre, los vagoneros y vendedores ambulantes ya muestran camaradería con los policías. La rutina es así: los policías realizan operativos, presentan ante un juez a quienes incurrieron en alguna falta administrativa –como vender baratijas en el Sistema de Transporte Colectivo– y los señalados salen libres después de pagar un soborno, cubrir una multa o cumplir con determinadas horas de arresto.
Pero yo no soy un vagonero, soy un periodista que, según la arbitrariedad de la policía de la Ciudad de México, cometió una falta administrativa al viajar en los vagones del Metro destinados al transporte de mujeres y niños.
Era el mediodía del sábado 28 de abril de 2016 cuando tomé el Metro en la estación Pino Suárez de la línea 2, en dirección a Cuatro Caminos. Abordé el tercer vagón, justo antes de cruzar la mampara que separa los vagones destinados a mujeres y niños, es decir, los dos primeros. Ahí, los empujones que la gente lanza habitualmente en dicho transporte, me aventaron hacia la goma de articulación que divide el tercer vagón del segundo.
En ese punto me encontraba cuando, un grupo de elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de la Ciudad de México entró al segundo vagón y pidió a cuatro hombres y a mí, que nos bajáramos y nos dirigiéramos hacia el andén, en la estación San Cosme.
Operativo contra hombres en el vagón de mujeres
Una vez en el andén, los oficiales –hombres y mujeres– nos pidieron que nos colocáramos entre ellos y la pared. En esa posición, nos explicaron que se encontraban realizando “un operativo” para enviar al juzgado cívico a todos los hombres que encontraran viajando en los dos primeros vagones del Metro. En ese momento, pude identificar a los oficiales M. Gregorio, cuyo número de placa no alcancé a ver; A. Suárez J, con número de placa 540444 y M. Vidal G, con número de placa 540323, todos adscritos a la SSP del Gobierno de la Ciudad de México.
A ellos intenté explicarles que al abordar en la estación Pino Suárez tuve el cuidado de no rebasar la separación de hombres y mujeres, y que en realidad me encontraba en la goma de articulación y no en el segundo vagón, como ellos argumentaron. No me escucharon; se justificaron en el artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que establece en su fracción XI que es una “infracción contra el entorno urbano de la Ciudad de México ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos”.
No supe qué decir. La fracción citada me pareció clara, pero no lo suficientemente específica para la situación que estaba viviendo. Además estaba convencido que yo no iba viajando en el vagón designado para mujeres y niños: cuando llegué a vivir a esta ciudad hace casi tres años sí lo hice una vez –por desconocimiento– y a la fecha no olvido las miradas de temor y desdén que me arrojaron las viajantes durante el trayecto entre una estación y la siguiente.
El grupo de policías nos custodiaron a otros hombres y a mí al Centro Integral de Justicia Cívica Guerrero, juzgado ubicado en las inmediaciones de la estación del Metro del mismo nombre, donde es común que la policía remita a vagoneros. Nos llevaron primero a la estación Hidalgo y luego trasbordamos a la línea B hasta la estación de destino.
Durante el trayecto intercambié escasas palabras con los oficiales. Pasó por mi mente tratar de hacerles ver que cometían un error, o incluso escabullirme entre la gente -que siempre abunda en el sistema de transporte–. Mi miedo a la brutalidad policiaca y mi convicción de conducirme con rectitud me disuadieron.
Según un funcionario público que se negó a identificarse, ese juzgado es presidido durante los días sábado y domingo por la juez cívico Andrea Castro Ruiz y por el secretario cívico Francisco Javier Nava Cabrera, información que horas después pude corroborar en un documento que me informó que mis datos y localización serían proporcionados al servicio telefónico Locatel.
Desde que entré al juzgado comencé una transmisión en vivo a través de Facebook. Enfoqué la cámara de mi teléfono hacia mi rostro y comencé a relatar lo que sucedía. Minutos después de haber empezado la transmisión, un grupo de policías me amedrentó para que dejara de grabar e incluso una oficial me jaló de las manos e intentó quitarme el aparato. Francisco Nava, el secretario cívico, me mandó llamar a su oficina tan pronto como se enteró que yo estaba documentando la situación con mi teléfono. En ese momento la juez cívico Andrea Castro Ruiz no se encontraba en la oficina.
Francisco Javier Nava Cabrera intentó intimidarme con señalamientos que mi actitud no era la adecuada y que ello podría acarrearme más problemas. El secretario cívico se negó a escuchar mis argumentos, y me envió con el médico legista para que me explorara físicamente en busca de lesiones. Sólo encontró dos moretones a la altura de los omóplatos, producto quizás, del roce de la mochila deportiva que suelo cargar en la espalda.
Después, un funcionario público que se negó a identificarse –quien más adelante tomaría mi declaración– me indicó que podía contactar vía telefónica a un familiar o conocido si así lo deseaba. Contacté a mi amigo Jaime Quintanar, abogado excompañero de trabajo. Jaime llegó al juzgado media hora después.
Para el momento en que arribó mi amigo Jaime, el funcionario público no identificado ya me había informado que debía pagar una multa de mil 500 pesos o pasar 25 horas arrestado. Y debía pagar en menos de 40 minutos, si no quería ser enviado a la “zona de seguridad” del juzgado, sin mis pertenencias y sin las agujetas de mis zapatos.
Sabía que no quería cumplir con la pena bajo arresto, pues temía que el secretario cívico ordenara represalias, toda vez que lo había enfurecido con mi transmisión en vivo por Facebook. Pude llamar a mi novio y pedirle que me llevara los mil 500 pesos; empero, durante mi estancia en el juzgado vi cómo al menos tres hombres no pudieron pagar esa cantidad, por viajar en el vagón exclusivo y tuvieron que firmar su arresto de 25 horas.
A Jaime le permitieron entrar a hablar con la juez cívico después de una larga espera. En un lapso de dos horas aproximadamente constaté el devenir de los vagoneros, la familiaridad con la que ya tratan a los policías y funcionarios públicos, incluso la camaradería que ya existe entre ellos.
Presencié cómo fueron remitidos otros hombres y mujeres –por absurdo que parezca– señalados por la misma falta que me achacaron. También vi pasar rollos de billetes de las manos de civiles hacia las manos de policías sin ningún tipo de discreción o recato; dinero que agilizaba los procesos al interior del juzgado como por arte de magia.
La juez cívico busca dinero
Jaime salió de su entrevista con la juez cívico Andrea Castro Ruiz. La funcionaria pública adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, le insinuó a mi abogado que un soborno me sacaría del juzgado.
Según me explicó Jaime, Castro Ruiz le expresó la posibilidad de acabar con los trámites si yo ofrecía una cantidad, algo así como realizar una puja en una subasta. “Entre gitanos no nos leemos las manos”, me dijo mi amigo abogado para explicar la sutileza con la que la funcionaria buscó corromperlo, y la forma en que él captó el mensaje gracias a sus años de experiencia en el ramo.
Jaime y yo acordamos no sobornar a Andrea Castro Ruiz y pagar la multa. Debido a que yo ya había pasado cuatro horas en el juzgado, el monto se redujo de mil 500 a mil 262 pesos. En privado, Castro Ruiz le expresó a mi abogado su descontento con la decisión que tomamos y se mostró sorprendida que hayamos decidido pagar la multa en lugar de entregarle dinero. Una jueza, quien además es sorprendida porque un par de ciudadanos actuaron de forma correcta.
Rendí mi declaración ante un funcionario que se negó a identificarse y cubrí el monto de la multa. Un recibo de pago me dio el derecho de abandonar un juzgado al que fui remitido por –según la policía– viajar donde no me correspondía. Casos como este ocurren durante todo el día, todos los días. Mientras, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, es ridiculizado a nivel internacional por sus acciones para “erradicar” el acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público. Entre esas tácticas se encuentra, por ejemplo, repartir silbatos rosa marca Acme.
