Aun cuando a México se le ha catalogado “el país de las desapariciones forzadas”, y se ha comparado los niveles de dicha problemática, solamente con naciones en conflicto bélico, el senador Manuel Cárdenas Fonseca, afirmó que existe falta de presupuesto para la búsqueda de personas extraviadas y desaparecidas.
Por lo que propuso un registro de personas desaparecidas, el cual debe ser confiable y “sirva como instrumento para la localización de víctimas, con un método estandarizado para su integración que incluya información de ADN y fotografía de quién se reclama encontrar”.
Esto derivado a que, “la información oficial no es confiable”, ni siquiera, mencionó, la que genera el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ello la ley “no garantiza la búsqueda de personas desaparecidas”.
El legislador, sin grupo parlamentario, también dio a conocer su iniciativa de reformas a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, “para que la información que se integre pueda ser compartida entre instituciones y lograr eficacia en la esta tarea”.
A su vez, citó el informe de Amnistía Internacional de 2013, “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México”, y dijo que la problemática en el país mantiene ya un número de casos que van en aumento, “en proporciones semejantes a las de un país en conflicto bélico”.
Fonseca declaró, que “bajo la legislación actual no se garantiza ni una búsqueda efectiva ni la protección de los derechos de las víctimas ni de los familiares de las personas desaparecidas”.
Dijo que mientras en el Congreso sigue en discusión una Ley General para Desapariciones, “el fenómeno sigue sin recibir la atención que se requiere, pese a la creación de una fiscalía de la PGR especializada en el tema, que carece de los recursos para garantizar su efectividad”, agregó, “hay dinero para la imagen de funcionarios, pero no se programa para el registro de desaparecidos”.
Sobre la “única fuente oficial de esta información, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas”, dijo, “tiene muchas deficiencias y el método que emplea para su integración no es funcional, por lo que es poco útil”.
Así es como Cárdenas Fonseca plantea que “sea obligatorio a las autoridades de los tres órdenes de gobierno superar los rezagos en este tipo de registro los que se deba incluir fotografías, ADN y señas particulares de las personas desaparecidas”.
Además que la ley debe ordenar que se tenga que contar “con un registro integrado bajo criterios rigurosos, que ermita tener certeza -dijo- sobre el número de personas desapreciadas en México, definir criterios para considerarlas desparecidas, y brindar certidumbre sobre las responsabilidades y competencias de cada una de las autoridades a partir de su registro”.
Planteó que se incorpore una clasificación que diferencie las personas desaparecidas de las que son víctimas de desaparición forzada. También mencionó que “los casos de esta segunda condición constituyen una grave violación de derechos humanos, que puede ser considerada como crimen contra la humanidad, cuando se ejerce de manera sistemática o generalizada contra la población civil”.
