Organizaciones de la sociedad civil, enviaron una carta al Alto Comisionado de la ONU, donde señalaron la preocupación ante lo que parece, “una contundente resistencia por parte del Gobierno de México, a implementar la primera recomendación que se ha dirigido al Estado en marzo de 2016 después de su visita a México”.
“A más de un año de que usted recomendara al Estado de México establecer un Consejo Asesor compuesto por personas expertas en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar a la autoridades mexicanas sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, el Gobierno de México no ha mostrado ningún avance en la implementación de la misma”, informó.
Pese a reiterados esfuerzos, indicaron, por parte de la sociedad civil mexicana en establecer un diálogo y ruta metodológica para el establecimiento del Consejo Asesor recomendado, hasta el momento, las autoridades mexicanas se han mostrado omisas, e incluso resistentes para dar seguimiento a dicha recomendación, señalan.
“Lamentamos así mismo, que el resto de las recomendaciones que usted dirigió al Gobierno de México, no estén tampoco siendo atendidas.
Por el contrario, nos sigue preocupando la adopción y opacidad con las que se discuten una Ley de Seguridad Interior, una contrarreforma al sistema de justicia penal, así como un marco reglamentario en torno al nombramiento de una persona a cargo de la nueva Fiscalía General de la República”.
Los objetivos de dichos marcos normativos que se pretenden adoptar, van en contrasentido con sus recomendaciones en torno a la debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos, a la limitación de la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos, a la de seguridad pública en línea con los derechos humanos, a la adopción de una ley nacional sobre el uso de la fuerza, a la autonomía de las instituciones forenses, así como a la independencia de las instituciones de administración y procuración de justicia, explicaron.
Así mismo, “tampoco ha dado señales el Gobierno de México sobre su firma y ratificación de los instrumentos internacionales de los que aún no es parte[1], y tampoco ha trazado una ruta clara y precisa sobre cómo garantizará que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada en el contexto de proyectos de inversión, privada y pública, o como se reparará integralmente a las víctimas y comunidades afectadas por megaproyectos”.
Por lo anterior, las organización consideraron que la falta de voluntad política expresada en el silencio e inacción para avanzar en el cumplimiento de las 14 recomendaciones, son una muestra clara de que el actual Gobierno de México no está priorizando el combate a la impunidad y el respeto y protección a los derechos humanos en su agenda de gobierno.
Por lo que pidieron al Alto Comisionado, realizar una visita a México para asesorar y dar seguimiento a las 14 recomendaciones que emitió al Gobierno de México en marzo de 2016.
Y solicitar al Gobierno de México presentar públicamente las medidas, puntuales y específicas, que ha adoptado para cumplir con las 14 recomendaciones.
