Ante la renuncia de José Antonio Meade como Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, anunció que buscará su registro como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comnenzó la famosa “cargada” priista en diversos sectores, obrero, capmpesino y popular
De esta forma, luego de una reunión con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el día de hoy por la tarde noche, en la sede nacional del tricolor Meade se reunirá con jóvenes, mujeres y con la Comisión Política Permanente encargada de la elección del candidato presidencial.
Se espera que a este último encuentro acuda ya con las firmas de apoyo de sectores y organizaciones que integran al partido, y con el resto de la documentación necesaria para su registro. Mientras en redes sociales, distintos secretarios de Estado como Aurelio Nuño Mayer, José Narro Robles, el canciller Luis Videgaray Caso mostraban su apoyo a el ex funcionario
Mientras esto sucedía cerca de 240 organizaciones civiles y 200 especialistas, activistas, académicos y víctimas de abusos alertaron sobre el riesgo de que el Congreso de la Unión apruebe distintas iniciativas denominadas de “seguridad interior”, que le conferirían poderes extraordinarios al Ejército, por encima de la Constitución y tratados internacionales.
Representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, pidieron a legisladores del PRI y sus aliados que impulsan entre otras la Ley de Seguridad Interior, a conjurar el albazo legislativo pues “normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la violencia.”
Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Demcoracia (IMDHD) consideró irresponsable que se pretenda otorgar poder a la Fuerzas Armadas, quienes están en las calles desde hace más de 20 años y no han podido enfrentar a la delincuencia”.
Culebro recordó que actualmente hay un despliegue en las calles de “más de 50 mil elementos del Ejército y esto no ha sido suficiente para bajar el índice de violencia, es contradictorio”, que los legisladores quieran perpetuar al Ejército a las calles, “sería violar la Constitución y a los tratados internacionales”.
El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos HUmanos (CMDPH), José Antonio Guevara Bermúdez sostuvo que la revisión de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, se advierten por lo menos 12 violaciones a la Constitución, que lo que se pretende es “paramilitarizar la seguridad pública” y , “busca obstaculizar el acceso a la justicia a las víctimas y en particular a las de desaparición, efecto disuasivo en zonas como Tamaulipas, donde está el mayor número de desaparecidos con una presencia militar desde hace más de diez años”.
Además dio a conocer una serie de violaciones a la Constitución y al Pacto Federal, que la pretendida ley contiene, al pretender darle atribuciones de índole civil a las Fuerzas Armadas, sin que la Cámara de Diputados tenga facultades legales para hacer los cambios legislativos.
De aprobarse dicha Ley, se darían atribuciones a las Fuerzas Armadas para intervenir comunicaciones privadas, podrían obligar a los entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a proporcionar información; se negaría el derecho a las víctimas a litigar en casos de abusos; podrían reprimir manifestaciones en tanto que la legislación pretende diluir la responsabilidad penal y política del Presidente de la República y las Fuerzas Armadas.
Se dio a conocer, que de acuerdo con los datos, la militarización de la seguridad nacional en los últimos años: del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, de las 82 mil 745 quejas recibidas por la CNDH, 23 mil 347 corresponden a las autoridades encargadas de seguridad pública (Sedena, Semar, Policía Federal y PGR), y de ellas 10 mil 404 se señala a la Sedena como autoridad responsable.
Asimismo, la CNDH, tiene un registro de 4 mil 483 quejas de maltratos crueles, ihumanos o degradantes donde se señala a la Sedena como responsable, por lo que se han emitido 15 recomendaciones en las que se implica a la Semar y 33 a la Sedena.
Resaltó que si bien la intención principal del colectivo #SeguridadSinGuerra es que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior sin antes ser discutida por expertos, de no atender el llamado la legislación tendrá que ser impugnada a través de una Acción de Inconstitucionalidad.
“No es necesario llegar a ese extremo porque se puede impedir la aprobación de este proyecto, sin embargo la acción la puede hacer la minoría legislativa y la CNDH, que puso sobre la mesa un decálogo de puntos que este anteproyecto está ignorando abiertamente, en consistencia con eso, es de esperarse que el organismo fije una postura para que no sea aprobada la iniciativa que impulsa el PRI el grupo de panistas más cercanos a la postura priista”, declaró.
El subdirector del Centro Prodh, puso como ejemplo el ocultamiento de información del Ejército, el reportaje publicado esta semana por la revista Proceso, relacionado con el caso Ayotzinapa.
“De aprobarse la ley, perpetuaría la actuación opaca y poco transparente que han tenido las fuerzas armadas, porque lo que pretende esta ley es blindar a la Sedena y a la Marina para que en contextos de seguridad interior, la información generada no sea de acceso al público; y el mejor ejemplo es el que se muestra en Proceso, en el caso Ayotzinapa se sabe de la existencia de un pelotón de información e inteligencia, y la Sedena ha negado su existencia de ese cuerpo castrense, ese tipo de proceder opaco es el tipo de actuación que la ley perpetuaría”. declaró.
María Elena Morera, de Causa en Común, resalto que hasta el momento ningún gobernador ha sido sancionado por no preparar a sus policías, ni tampoco ha existido un interés real de capacitar debidamente a los cuerpos policiacos civiles.
